«Si no se aplica la LOMCE, ¿aplicamos la LOE, que está derogada?» Es el lamento de José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas, ante el boicot de algunas comunidades autónomas a la LOMCE, que «está perjudicando gravemente» a centros, familias y profesores de cara al próximo curso. Mientras los obispos piden al nuevo ministro que avance hacia «un gran pacto escolar», Alvira confirma el inicio de contactos con Podemos y Ciudadanos, y pide al PSOE «no se entregue al radicalismo y respete los derechos de las familias»
La cartera negra que se intercambiaron el pasado viernes el ya ex ministro José Ignacio Wert y su sucesor, el hasta entonces secretario de Estado para la Unión Europea Íñigo Méndez de Vigo, iba cargada con una extensa lista de asignaturas pendientes que el nuevo titular de Educación debe enfrentar en los próximos meses. Deberes que pasan, entre otras cosas, por continuar con la implantación de la LOMCE durante el próximo curso, en medio de un boicot abiertamente declarado por las comunidades de Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña y País Vasco; y por garantizar que se respeten los derechos educativos de familias, trabajadores y centros concertados ante la irrupción de formaciones como Podemos o Ciudadanos, que no terminan de definir, de forma unívoca, sus planteamientos en materia de educación.
Los obispos piden un gran pacto
El mismo día en que se producía el relevo en el Ministerio, el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, recordaba «la necesidad de que, en nuestro país, lleguemos a un gran pacto escolar, más allá de las contingencias del cambio de un ministro y de la alternancia política», para dotar al sistema escolar de una estabilidad que hoy no tiene. La CEE es la responsable última de más de 25.660 profesores de Religión, que imparten esta asignatura a 3.561.970 alumnos, y en el haber de la Iglesia hay 2.601 centros católicos que asisten a un millón y medio de alumnos, y dan trabajo a cerca de 125.000 profesionales, según la última Memoria de Actividades de la CEE. Por eso, Gil Tamayo tendió la mano al nuevo ministro para alcanzar un gran acuerdo «que permita abordar los problemas que tiene nuestro sistema, dilucidar la cuestión religiosa con normalidad, y abordar el respeto al derecho de los padres para que sus hijos sean educados según sus convicciones». De ahí que el acuerdo no deba ser «con un ministro o un Gobierno», sino con todos los agentes educativos. Si Méndez de Vigo emprende esa senda, ya sabe qué va a encontrar desde la interlocución de la CEE: «Voluntad y disposición absoluta para el diálogo, desde la laicidad, la colaboración y la independencia».
Uno de los agentes de la comunidad educativa española que mejor conoce la realidad del día a día en las aulas es Escuelas Católicas –principal patronal de colegios concertados del país, que aglutina a 2.048 centros, al servicio de 1.207.527 alumnos y más de 100.400 trabajadores–. Su secretario general, José María Alvira, explica a Alfa y Omega que aunque el nuevo ministro «tiene pocos meses por delante antes del final de la legislatura», hay al menos tres «retos urgentes» que no debe postergar. El primero, «buscar un gran pacto escolar con la comunidad educativa, desde un diálogo que sepa tratar con justicia a todos sus interlocutores, porque no todos tienen la misma representatividad ni los mismos conocimientos». El segundo sería «establecer mecanismos que garanticen de forma real el respeto a los derechos de las familias y de los centros, en un momento de inestabilidad política que dibuja horizontes poco claros». En este sentido, Alvira confirma a este semanario que «ya hemos mantenido contactos con representantes autonómicos de Podemos y de Ciudadanos», aunque «por ahora lo que nos dicen no es igual en todos los sitios, y no sabemos cuáles son los planteamientos educativos reales de estas formaciones». Un diálogo que quieren extender a la nueva directiva del PSOE, partido «que siempre ha demostrado una notable capacidad para llegar a acuerdos» y del que esperan «no se entregue al radicalismo oportunista y respete los derechos educativos de las familias, que recoge la Constitución».
El caos por el boicot
Por último, Alvira señala que una de las prioridades más apremiantes para Méndez de Vigo «debe ser frenar el caos y el desconcierto que está generando el boicot de algunas comunidades a la LOMCE». «Guste más o menos, es una ley orgánica en vigor y debe ser respetada», recuerda Alvira, que explica que «donde las Consejerías han dicho que no se va a aplicar la LOMCE, los colegios no saben qué planes seguir, pues si no aplican la LOMCE, ¿qué ley seguimos: la LOE, que está derogada?» Esta inseguridad ya está afectando a las familias, «que están comprando libros de texto sin tener asegurado que se impartirán las asignaturas hoy previstas con los materiales que ya han comprado», y también a la contratación de profesores, «pues los centros no saben a ciencia cierta qué perfiles necesitarán el curso que viene, ni la carga horaria de algunas materias».
Así las cosas, Méndez de Vigo estrena cargo con un buen número de deberes para este verano…
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