Estrasburgo juzgará el caso de un profesor de religión despedido por defender el celibato opcional

El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo celebrará un juicio el 22 de noviembre para estudiar el caso delexsacerdote José Antonio F.M., un profesor de Religión que fue despedido por el Obispado de Cartagena tras hacer pública su defensa del celibato opcional.

El juicio se celebrará tras la demanda presentada por su letrado defensor, José Luis Mazón, que acudió a este tribunal tras ver desestimado un recurso de amparo por el Tribunal Constitucional.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha anunciado a las partes de este proceso que deberán estar en la sede del mismo a las 8:45 horas de ese día "para poder examinar las cuestiones preliminares del proceso".

Asimismo les ha indicado que dispondrán de treinta minutos, "como máximo", para exponer sus posiciones en la vista oral.

José Antonio F.M. fue ordenado sacerdote en el año 1961, y en 1984 pidió la dispensa y contrajo matrimonio, para, en 1991, comenzar a ejercer como profesor de Religión, lo que hizo en un instituto de Caravaca de la Cruz.

Reabren la causa a las Juventudes Socialistas por mofarse del sentir religioso

En relación a la 'original' campaña: "Bendito condón que quitas el sida del mundo". La Audiencia de Sevilla ordena practicar las diligencias necesarias para determinar si se produjo un delito según el artículo 525 del Código Penal.

En diciembre de 2010, las juventudes del PSOE fueron denunciadas ante la Fiscalía de Andalucía por una asociación de padres y madres de familia, por una campaña titulada "Bendito condón que quitas el sida del mundo".

Ahora, año y medio después, la Audiencia de Sevilla ha ordenado reabrir la causa por un delito contra los sentimientos religiosos presuntamente cometido por las Juventudes Socialistas al hacer una parodia del sacramento de la comunión en una campaña a favor del uso del preservativo.

También el Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro denunció a las juventudes del PSOE por la misma campaña: "Bendito condón que quitas el sida del mundo" en la que se veía a un sacerdote en el momento de la consagración con un condón entre sus manos en lugar de la forma utilizada en la comunión.

La Sección Primera de la Audiencia, en un auto anula el archivo dictado por la juez de instrucción 6 y ordena practicar las diligencias necesarias para determinar si se produjo un delito contra los sentimientos religiosos del artículo 525 del Código Penal.

Dice el magistrado ponente, Joaquín Sánchez Ugena, que el mensaje de la campaña era sin duda "impactante" y "sumamente afortunado", aunque "desde el punto de vista de una nada desdeñable porción de nuestra sociedad, supone un claro ultraje, una descarada ofensa, una inaceptable mofa de sus sentimientos religiosos".

La Audiencia ve dos posibles ofensas: la primera cuando la campaña hace un "plagio" de un sacerdote católico en el momento de la consagración y luego cuando sustituye la expresión litúrgica "Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo" por el lema "Bendito condón que quitas el sida del mundo".

"Cualquiera de estas dos manifestaciones, por separado, tiene virtualidad para atentar contra los sentimientos religiosos" y "unidas ambas, el atentado puede resultar pleno", entiende la Audiencia.

Los jueces anulan así el auto de archivo dictado por la juez de instrución 6 de Sevilla, quien entendía que en España se han superado "concepciones anteriores, en las que el Estado trataba de proteger mediante los delitos religiosos una determinada confesión religiosa oficial".

En sus razonamientos jurídicos, la magistrada Mercedes Alaya sostenía que las campañas de prevención sanitaria, como la emprendida por JJSS, tienden a ser agresivas e impactantes "en razón a la eficacia que se pretende" y citaba como ejemplo las de la Dirección General de Tráfico para evitar los accidentes.

Ahora, la Audiencia reconoce que tales campañas tienen éxito "en función de lo impactante que sea el mensaje, su originalidad y contundencia", pero entiende que "podríamos encontrarnos ante algo mucho más allá de una comprensible campaña publicitaria, inicialmente correcta, pero a la postre teñida de un matiz posiblemente delictivo".

De esta manera, ordena que la juez practique las diligencias de investgación necesarias, pese a que su decisión de archivo había sido apoyada por la Fiscalía de Sevilla.

"Algunos centros públicos no ofrecen la asignatura de religión, algo que contraviene la legalidad"

Entrevista exclusiva con el obispo de Bilbao, Mario Iceta: Mario Iceta Gabicagogeascoa, nombrado obispo de Bilbao en agosto de 2010, explica en una entrevista exclusiva con ‘Religión Confidencial’ las dificultades que existen para estudiar religión en algunos colegios públicos: “Hay casos, no infrecuentes, en los que se disuade a los padres de matricular a sus hijos en la clase de religión”.

- ¿Se puede estudiar la asignatura de religión en el sistema público escolar? ¿Qué obstáculos hay?

- El gobierno de la comunidad autónoma mantiene firme el compromiso de respetar la legalidad vigente, que tiene su fundamento en los derechos humanos, en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía. A pesar de ello, existen dificultades para que dicho derecho sea una realidad plena. Algunos centros públicos no ofrecen la asignatura de religión, algo que contraviene la legalidad, pues la oferta debe ser obligatoria. Hay casos, no infrecuentes, en los que se disuade a los padres de matricular a sus hijos en la clase de religión. En algunos claustros, los profesores de religión no reciben la consideración que merecen.

Creo que es un asunto que no sólo ocurre en el País Vasco, y que ciertamente se trata de un lamentable atentado a los padres y madres en educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones. Estamos trabajando, junto a asociaciones de profesores y de padres, para que se respete este derecho inalienable de los niños, jóvenes y familias.

AYUDAS PARA DESPLAZAMIENTO -SENTENCIA TRIBUNAL SUPREMO- PROFESORES DE RELIGIÓN

Estimados/as compañeros/as:

Como os informábamos en fechas recientes, estábamos a la espera de la resolución definitiva por parte del Tribunal Supremo del Conflicto Colectivo interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por las ayudas al desplazamiento del curso escolar 2008/2009.

En el día de hoy (13 de diciembre de 2010) hemos recibido la sentencia, que sin entrar en el fondo del asunto, inadmite el recurso efectuado por la Comunidad de Madrid. Ello significa, que la sentencia que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a favor de los intereses del profesorado de religión, queda FIRME; es decir, que en vez de los exiguos 146.674,29 euros concedidos, estos deben ser actualizados en pareja proporción a las actualizaciones realizadas con los funcionarios docentes en el curso escolar señalado, esto es, 229.827,49 euros.

Diferencia entre cantidades que debe añadirse a las devengadas y cobradas por los profesores que solicitaron la pertinente ayuda, y que a modo de ejemplo os indicábamos que, a quienes les concedieron una ayuda de 29,39 euros, les corresponderían 331,41 euros; es decir que, en este supuesto, les adeudarían 302,02 euros.

También os informábamos que con fecha 24 de mayo de 2010, USIT-EP interpuso un Conflicto Colectivo por las ayudas al desplazamiento del curso escolar 2009/2010. Por tanto, no hay que confundir el ahora resuelto, del curso escolar 2008/2009, con el venidero, de 2009/2010.

En esta misma fecha, nos hemos dirigido por escrito a la DGRRHH, en la que solicitamos que se informe a esta organización sindical, si se abonarán de OFICIO las diferencias entre lo abonado y lo que se debería abonar, a tenor de la sentencia, o si por el contrario se obligará, una vez más, a los profesores de religión a acudir a los tribunales en demandas individuales para tutelar sus derechos.

Como a partir de hoy, hay un año para interponer las demandas individuales, esperaremos a la respuesta de la Dirección General, e intentaremos por todos los medios negociar para no tener que acudir, otra vez, a los Tribunales. Si tuviéramos que acudir a los mismos, os avisaríamos con tiempo para iniciar la oportuna reclamación para todos aquellos que estuvierais dispuestos.

Un cordial saludo. ¡Os seguiremos informando! USIT-EP

El Supremo respalda la enseñanza del catolicismo

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso contencioso interpuesto por el partido Izquierda Republicana contra la enseñanza de la religión católica en el segundo ciclo de Educación infantil y contra la eventual inconstitucionalidad del acuerdo entre la Santa Sede y España en materia de Enseñanza.

El real decreto impugnado prevé que la determinación del currículo de la enseñanza de la religión católica será competencia de la jerarquía eclesiástica. Izquierda Republicana consideró que el precepto vulneraba, entre otros, el modelo constitucional de laicidad del Estado.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Santiago Martínez-Vares, acoge la tesis de la Abogacía del Estado en el sentido de que la religión católica es "de oferta obligatoria para los centros, y de carácter voluntario para los alumnos" y de que la Constitución garantiza "en positivo" las libertades ideológica y religiosa.

En cuanto a la pretensión de que se cuestionen ante el Constitucional los acuerdos con la Santa Sede que disponen la enseñanza de la religión en todos los centros y en todos los niveles educativos, el Supremo recuerda que el Constitucional ya inadmitió a trámite una cuestión en ese sentido y después ha habido hasta 11 sentencias avalando la enseñanza religiosa.

Fuente: El País 4 febrero 2009 - Sociedad (p36)

¡Vaya mandamientos!

Invitado: Fernando Sebastián

(:::) la Iglesia, los católicos, la religión cristiana no merece la consideración ni la ayuda que merecen el deporte, o el cine, o los concursos de belleza. Solo les falta pedir que nos pongan una multa por ser católicos.

Contra estas agresiones del laicismo, nosotros afirmamos tres puntos difícilmente cuestionables.

Primero. Los ciudadanos tenemos perfecto derecho a vivir y actuar religiosamente en todos los ámbitos de nuestra vida, personal, familiar y social, según nuestra conciencia y a medida de nuestros deseos. Ninguna autoridad humana nos lo puede prohibir justamente.

Segundo. La autoridad civil, cuya razón de ser es el servicio de la sociedad, está obligada a proteger y favorecer la libertad de los ciudadanos, también en el ejercicio de su vida religiosa y moral tal como de acuerdo con su conciencia decidan hacerlo.

Tercero. Los ciudadanos católicos, como los demás, tenemos pleno derecho a intervenir en la vida pública en cuanto tales y tenemos el deber y el derecho de aportar al patrimonio común los bienes culturales y sociales que provienen de nuestra experiencia religiosa.

Detrás de las pretensiones laicistas hay una concepción totalitaria del Estado. Según esta mentalidad, el Estado es una especie de Ser Supremo que viene sobre nosotros y nos dicta cómo tenemos que vivir. Pero la realidad no es así. En el ordenamiento de la vida social, primero es la persona, como concreto real existente, y con la persona, la familia, en la que nacemos, crecemos y vivimos. Después viene la sociedad, cada vez más amplia, más abierta y más universal.

Desde dentro de la sociedad y de la sociabilidad humana nace la organización -el Estado-, que los ciudadanos nos damos para facilitar la convivencia y fomentar el bien de todos en libertad y justicia. Es el Estado el que tiene que ajustarse al ser de la sociedad a la que tiene que servir, y no al revés. Esto es la esencia de la democracia. Y lo contrario es dictadura y totalitarismo.

En el caso de la religión, el Estado lo único que tiene que hacer, que no es poco, es proteger la libertad de los ciudadanos para que cada uno pueda ejercitar y manifestar libremente su propia religión, según su propia conciencia, sin molestar ni atentar contra la libertad ni los legítimos derechos de nadie. De manera que la recta laicidad, lo mismo que la no confesionalidad, consiste en que el Estado proteja la libertad religiosa de la sociedad y de los ciudadanos para practicar la religión que quieran, sin beligerar en cuestiones religiosas que quedan fuera de su competencia.

Si los católicos españoles queremos seguir siendo libres y responsables, tendremos que comenzar a tomar en serio estas cuestiones. No es un asunto de los Obispos, sino que es algo que concierne directamente a toda la sociedad y a todos los ciudadanos. Lo que está en juego no son los privilegios de los curas, sino la libertad de los ciudadanos españoles para vivir libremente según su conciencia. En el fondo está la gran cuestión de si es el gobierno el que tiene que estar al servicio de los ciudadanos tal como son y como quieren ser, o bien son los ciudadanos los que tienen que someterse a los gustos y preferencias de los gobernantes.

Puedes leerlo completo aquí>>>>

La exigencia de "principios de igualdad y mérito"

Por su importancia para nuestro colectivo, transcribo esta noticia aparecida hoy:

"Amiguismo, enchufismo, nepotismo, servilismo...". Con estos calificativos juzga la actitud de los prelados el secretario general de la Unión Sindical Independiente de Trabajadores-Empleados Públicos (USITEP), Alfredo Sepúlveda.  Su sindicato tacha de "pretensión completamente inasumible" el empeño de los obispos "de vincular al profesor a un puesto concreto de trabajo" porque rompe de raíz "los mínimos indispensables de movilidad de los empleados públicos y somete al profesorado a la misma sumisión que padecía [antes de la LOE]".

Los obispos celebraron con júbilo el acuerdo alcanzado en diciembre de 1998 por la Conferencia Episcopal con el Ministerio de Educación, liderado entonces por Mariano Rajoy. Entre otras ventajas, consiguieron que sus docentes de moral católica tuvieran los mismos salarios que el resto de los profesores interinos. Se reservaban, además, el derecho a seguir seleccionando a esos docentes para cada curso, como si fuesen catequistas.

No pensaron entonces que el acuerdo iba a ocasionarles tantos disgustos. Cada año, los obispos prescinden de profesores sin explicación alguna o por razones rechazadas casi siempre por los tribunales, y la riada de sentencias e indemnizaciones que paga la Administración obligó al Gobierno socialista a legislar sobre la materia hace dos años.

Nuevo conflicto

Acaba de surgir un nuevo motivo de conflicto. Se libra en torno a la formación profesional de esos empleados. Hasta ahora, su puesto de trabajo estaba vinculado a la propuesta previa del obispo, que podía decidir hasta el destino. Es decir, los prelados no sólo los seleccionaban para que el Estado contratase y pagase, sino que imponían el lugar y las circunstancias de su trabajo.

El Gobierno ha decretado, en cambio, que esos docentes accederán "al destino de conformidad con criterios objetivos de valoración por parte de la Administración". Y fija, entre otros, "la experiencia docente", preferentemente "en centros públicos y en el mismo nivel educativo de la plaza a la que se opta", y las "titulaciones académicas, de modo preferente las más afines, por su contenido, a la enseñanza de religión". "Se respetará, en todo caso, los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad", añade el Ejecutivo.

Y sobre los trienios>>>

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