Los sindicatos han colocado en el punto de mira a la Iglesia católica a cuenta de su financiación, con los Presupuestos Generales del Estado para 2012 presentados por el Gobierno de Mariano Rajoy como telón de fondo. Y lo han hecho a través de un informe en el que denuncian cómo los fondos públicos destinados a la Iglesia han crecido en los últimos tiempos para demostrar que "está muy lejos de ser capaz de autofinanciarse". Aunque, para ello, hayan tergiversado el origen de algunas cifras.
Este martes, Comisiones Obreras divulgó a través de su web dicho informe sobre Financiación de la Iglesia Católica y gasto social, elaborado por la Fundación 1º de Mayo, en el que en 14 páginas resume el "negocio" de la Iglesia a cuenta de las arcas públicas. Así, destacan que tan sólo en 2011 percibió "créditos por un monto total de 282,3 millones de euros". Si bien no se especifica que de esas asignaciones 278 millones provenían de la libre decisión de los contribuyentes de marcar en su declaración de la Renta la casilla de la Iglesia Católica.
Una asignación, por cierto, que no ha hecho más que crecer en los últimos tiempos al incrementarse anualmente el número de personas que destinan ese 0,7 por ciento de su IRPF a la Iglesia. Según datos de la CEE, tan sólo en la declaración de 2010 -último cerrado-, el 35,7 por ciento de los contribuyentes marcaron su casilla o, lo que es lo mismo, 7.454.823 personas. Lo que supuso un millón de ciudadanos más que los que lo hicieron en 2006: 6.483.180.
El resto de los fondos que percibió la Iglesia en 2011, como asevera el informe, lo constituyeron ayudas directas destinadas "al sostenimiento de su patrimonio" que, no obstante, forma parte del patrimonio histórico, cultural y turístico de España como el Monasterio de Yuste o la promoción del Camino de Santiago.
La conclusión más clara es que la Iglesia depende de los contribuyentes que libremente deciden darles su aportación. Aunque para Comisiones Obreras estos datos significan que no puede subsistir sin ayudas públicas. Unas ayudas, las registradas en los PGE, que sí se han recortado sustancialmente para los sindicatos y que no dependen de la libre voluntad de los ciudadanos.
El informe, no obstante, también apunta hacia Cáritas y Manos Unidas, a las que sí reconoce dedicarse a fines sociales. Así, destaca que en 2010 la primera percibió de los Presupuestos 81 millones de euros. Como aseguraron fuentes de Cáritas a este diario, el dinero público que perciben anualmente para sus fines sociales suponen tan sólo un 30 por ciento del total, el 70 por ciento restante procede de donaciones privadas. Pero, además, no existe una partida como tal de los PGE destinada a esta organización, que sólo en 2010 prestó ayuda a más de 1,5 millones de españoles azotados por la crisis económica, sino a través de la casilla de Fines Sociales en la Declaración de la Renta, como a cualquier otra ONG, o de las Administraciones Locales y Autonómicas para acciones concretas que lleven a cabo.
Aunque en ningún momento se incluyen los datos de los Presupuestos para 2012 recientemente presentados ni la base de tales cifras -mucho más infladas que los datos de los anteriores ejercicios- la Fundación sindical lanza su estimación de más 5.000 millones de ayudas públicas para la Iglesia. De momento, el Gobierno ha calculado que al menos 246 millones de lo que se recaude con el IRPF irán destinados a la Institución.
Este, no obstante, no es el único ataque que ha recibido la Institución a cuenta de su financiación. Dos semanas atrás, la Conferencia Episcopal exigió mediante una carta una rectificación al artículo publicado en El País bajo el título Jaque al paraíso fiscal, como publicó este diario. Días después, también el diario de Prisa, lanzaba sus dardos al Gobierno a cuenta de la partida estimada en los PGE para la Iglesia y que precisamente no se recortaba porque dependerá de lo que decidan los contribuyentes en la presentación de su próxima Declaración.
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