En esta tercera parte de nuestra propuesta sostenemos que defender la legitimidad, o la necesidad, de una cultura religiosa crítica en la enseñanza, no es sólo un deber que correspondería actualmente a las organizaciones religiosas o a los grupos creyentes únicamente; es una petición frecuente de la mayor parte de las organizaciones civiles nacionales e internacionales responsables de la gestión de bienes culturales y de las políticas educativas comunes.
En nuestro entorno cultural, como Francia, el conocido Informe Debray (abril de 2002) justifica la enseñanza del hecho religioso en la escuela laica, por un lado, a causa de “la angustia de un desmembramiento comunitario de solidaridades cívicas, al que contribuye, y no poco, la ignorancia en la que estamos del pasado y de las creencias de los demás, llena de tópicos y prejuicios”, y por otro lado, por “la búsqueda, a través de la universalidad de lo sagrado, con sus prohibiciones y autorizaciones, de un núcleo de valores constitutivos, para relevar desde el primer momento la educación cívica y atemperar la destrucción de puntos de referencia comunes como es el caso de la diversidad de pertenencias religiosas, sin precedentes entre nosotros, un país de inmigración, gracias a Dios ampliamente abierto”.
En Quebec, el Parlamento votó en 2005 la supresión del carácter confesional del sistema educativo, y ha introducido desde 2008, en lugar de los precedentes cursos confesionales católicos y protestantes, un único curso obligatorio aconfesional de Ética y Cultura Religiosa.
También el Consejo de Europa ha realizados distintas Recomendaciones (1178 y 1202), en las que se recomienda que los Ministros de Educación trabajen para que “el programa de enseñanza general comprenda obligatoriamente un información concreta y objetiva sobre la religiones mayores, sobre los criterios del estudio comparado de las religiones, sobre la ética y los derechos individuales y sociales”. También se invita a incrementar en la escuela un tratamiento paritario entre culturas y religiones.
Por su parte, la Oficina del Comisario europeo para los Derechos Humanos, entre los años 2000 y 2006, promovió cinco seminarios con intención de estudiar nuevos caminos para garantizar el mantenimiento de un Estado democrático de derecho, pero respetuoso, al mismo tiempo, de las libertades fundamentales, y entre ellas la religiosa.
Todo ello significa que la tarea de la escuela pública consiste en proporcionar a cada ciudadano-alumno conocimientos objetivos y competencias críticas sobre el hecho religioso; todas aquellas cosas que van a permitirle integrarse o reaccionar de forma constructiva al ethos, típico de una sociedad multicultural; evidentemente, para ello, la escuela pública debe hacer abstracción de actuales o futuras opciones religiosas del alumno.
Esta tarea educativa no puede ser abandonada pura y simplemente a las organizaciones religiosas; es una tarea específica de la escuela pública, sobre todo en una conjetura histórica y un espacio cultural como los de la Europa actual, donde las razones de cohabitación civil corren el peligro de disolverse en la “amnesia” general de las raíces religiosas y éticas. Amnesia que Chistian Duquoc, puso de relieve en su obra Fe cristiana y amnesia cultural, sosteniendo que “para muchos de nuestros contemporáneos, el cristianismo no es más que un monumento arcaico, del estilo del canto gregoriano, arte romano o tragedia griega. Puede ser hermoso, pero no tiene nada de auténtico para nosotros”.
El conocimiento de las religiones puede, por consiguiente, legitimarse por una razón ante todo funcional: las religiones proporcionan instrumentos conceptuales y materiales simbólicos para poder comprender de forma significativa el mundo y a uno mismo. La religión no es únicamente importante por los conocimientos que conlleva, sino también y sobre todo por la utilización que tales conocimientos conllevan en el proceso de aculturación escolar.
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