La Junta de Andalucía reduce la religión, excluye a sus profesores, recorta la educación diferenciada o a Cáritas y quiere quedarse la Mezquita de Córdoba...
El Estatuto de Autonomía andaluz consagra, al igual que la Constitución, la prohibición de cualquier discriminación por razones de credo y también consigna que los poderes públicos andaluces deben garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
Sin embargo, el bipartito PSOE-IU —que se autodenomina Gobierno de progreso y que pregona su laicismo— ha emprendido una especie de cruzada en la que el blanco de todos los dardos siempre suele ser la religión. La católica, claro está.
De hecho, en los últimos tiempos en el punto de mira de la Junta de Andalucía han estado los profesores de religión, la Mezquita de Córdoba, la educación concertada e incluso la organización de acción caritativa Cáritas, entre otros.
La asignatura de religión
Sin duda ha sido la gran damnificada de la batalla que el Ejecutivo andaluz ha emprendido contra la Ley Wert, la Lomce.
Además de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, la Junta ha iniciado una lucha más sibilina contra la polémica Ley del PP. Directamente cortó por lo sano y redujo al mínimo las horas de religión.
La Consejería de Educación anunciaba hace semanas su intención de recortar el horario de esta materia de tal manera que la asignatura quedaría reducida a un tercio, con lo que los escolares de Primaria la recibirían una hora a la semana frente a las tres actuales.
Los profesores de religión
Pero la reducción de las horas de la materia no es la única vía por la que han hecho efectivo el ataque contra un colectivo, el de los profesores de esa materia, que llevan años sufriendo recortes.
El último capítulo se produjo cuando el pasado octubre Educación decidía prohibir que los profesores vigilaran los recreos como el resto de profesores.
La decisión era justificada desde la Junta e incluso por su presidenta, Susana Díaz, en que los profesores «los elige la Iglesia» y por ello no pueden cuidar el recreo ya que se trata de una tarea que está dentro de las funciones de «tutoría».
La orden no solo sembró la polémica, sino que provocó la protesta de estos profesores que se consideraban desplazados de sus tareas.
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