La Fiscalía reconoce que la Junta vulneró el derecho de los menores objetores a EpC

La Fiscalía de Sevilla, acusa textualmente a la Junta de vulnerar la intimidad de los menores objetores a "Educación para la Ciudadanía", pero archiva el caso por la trascendencia no sólo local sino nacional que las acciones judiciales podrían tener.
Incomprensiblemente, la Fiscalía de Sevilla, acusa textualmente a la Junta de vulnerar la intimidad de los menores objetores a la asignatura "Educación para la Ciudadanía", pero archiva el caso. En su decreto de archivo de las actuaciones efectuadas como consecuencia de la publicación por parte de la Junta y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de los nombres y apellidos de los alumnos objetores a la asignatura "Educación para la Ciudadanía".
La fiscal María José Segarra dice: "Es evidente que se ha producido una vulneración del derecho a la intimidad de los menores afectados por la indebida publicación con sus nombres íntegros de las resoluciones que les afectaban en el BOJA y que ante ellos las acciones legales que corresponderían serían las previstas en la Ley de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familia y a la Propia Imagen”. Y, sin embargo, va y cierra el caso. No hay que olvidar que la fiscal Segarra pertenece al equipo de Conde Pumpido, fiscal general designado por el gobierno del PSOE.
El decreto de archivo, informa ABC, asegura que la secretaría general técnica de la consejería de Educación (que firmó la orden de publicación) debió ponderar la Carta Europea de Derechos del Niño, la Convención de la ONU así como la Ley estatal y autonómica de de Derechos y Atención del Menor que imponen la protección de la intimidad y la propia imagen de los menores frente a intromisiones ilegítimas a través de los medios de comunicación o sistemas informáticos en general. Pero va y cierra el caso.
La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, dijo este jueves estar convencida de que la consejería de Educación ha vulnerado derechos. «No se debió publicar y no tenía que haberse publicado», recalcó. Pese a esa convicción, justifica el archivo en que, a su juicio.
”Debe atenderse tanto al criterio de la cualificada intensidad lesiva de la intromisión como al posible daño que podría ocasionarse a la propia esfera de la intimidad de los menores que se intenta proteger mediante el ejercicio de acciones civiles ante los tribunales, consecuencia del propio ejercicio de las acciones judiciales”. O sea, que cierra el caso para no perjudicar a los menores perjudicados por la Junta. Según la Fiscal, que los menores acudan a los Tribunales a defender sus derechos puede menoscabar tales derechos.

Un caso de trascendencia nacional
Según esta fiscal, el que 150 niños cuyos derechos han sido claramente vulnerados al publicarse sus nombres en al BOJA acudan a los Tribunales en un procedimiento judicial tendría una gran trascendencia no sólo local sino nacional. En efecto, el que 150 menores denunciaran judicialmente a la Junta de Andalucía y al partido que la sustenta de haber triturado sus derechos afectaría gravemente al gobierno y al PSOE.
Sin embargo, la fiscal archiva el caso salvando así, de momento, la responsabilidad de la Junta de Andalucía y sus responsables.
En un arranque de sinceridad, la fiscal confesó que "es verdad que Educación se ha ido de rositas pero sólo en cuanto a la responsabilidad económica.
Carlos Seco, letrado de los objetores, afirmó que la Fiscalía reconoce «con toda claridad» la vulneración de derechos fundamentales de los menores pero discrepa del archivo porque no cree que si los menores intervinieran en un procedimiento se vulneren sus derechos.
“Es poco creíble porque la Fiscalía todos los días interviene en procedimientos de menores y se salvaguardan sus derechos”, dijo. Seco cree que debería haber actuado y no obligar a las familias a acudir a los tribunales. El abogado, que estudiará con las familias iniciar acciones por la vía civil, dijo que la Fiscalía cree que los padres tienen razón pero “se ha lavado las manos”.
Queda ahora pendiente el pronunciamiento de la Agencia de Protección de Datos que inició otra investigación a instancia de algunos padres.