Castilla y León exime a los objetores de asistir a Educación para la Ciudadanía

La Justicia autonómica emite el primer auto que libra a los opositores de la asignatura
La Junta de Castilla y León se pone ahora de parte de los objetores a la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía y les exime de acudir a clase después de saber que el Tribunal Superior de Justicia autonómico ha dado la razón a los que se resisten a estudiar la materia en un primer auto que determina cuál será la respuesta para el resto de recursos presentados por los padres de esta Comunidad.
El Alto Tribunal ha suspendido la obligación de cursar la asignatura a 16 alumnos al entender que el sistema de calificación de la asignatura puede afectar al derecho a la libertad ideológica y al derecho a decidir la formación moral de los hijos. No obstante, advierte de que deberá ser la sentencia, y no el auto, la que decida finalmente si ha habido vulneración de derechos.
Falta de consenso Con esta resolución judicial sobre la mesa la Junta castellanoleonesa ha decidido extender el efecto a todos los estudiantes cuyas familias presentaron recursos de reposición contra la obligatoriedad de la asignatura. «La materia debería haberse consensuado con todos los grupos parlamentarios y siempre ha mantenido que, dada la polémica y el conflicto, debe ser el Gobierno de la nación o los tribunales quienes determinen la legalidad de su obligatoriedad», manifestó ayer la Comunidad Autónoma.
Los objetores están de enhorabuena por el auto ya que en la Comunidad Autónoma se calcula que hay 3.000 familias objetoras, con lo que el pronunciamiento del TSJ castellanoleonés marcará la respuesta para el resto de recursos presentados por los padres. El presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, manifestó ayer que «con este auto se reconoce el derecho de los padres castellanoleoneses a educar en libertad, el territorio libre de la imposición de Educación para la Ciudadanía en España se amplía y la mancha de la libertad crece, aunque sigan existiendo territorios oscuros donde ni la Administración ni los Tribunales actúan en defensa de la libertad».