La Conferencia Episcopal asegura que «no hay ninguna base legal» para prohibir a los profesores vigilar a los niños en los recreos y realizar tutorías
La asignatura de Religión vuelve a estar en el centro de la polémica en Andalucía. La razón: la intención de la Junta de Andalucía de legislar sobre un colectivo sobre el que no tiene competencia, como son los profesores de Primaria de Religión. La Junta ha prohibido que estos docentes sean tutores y puedan vigilar a los niños en los recreos para que este tiempo no les cuente como horas lectivas, como ocurría hasta ahora.
El Gobierno andaluz quiere limitar su labor a dar la asignatura y no a otras tareas, como las de coordinación, tutoría, dirección, vigilancia. La decisión, que los profesores consideran discriminatoria, reduciría al mínimo la responsabilidad de estos profesores y su peso en los centros escolares públicos.
Intromisión en competencias ajenas
Dos de los sindicatos de Enseñanza andaluces no han dudado en calificar de cuestión «ideológica» y «política» el acoso de la Junta a los profesores de Religión. Tanto CSIF-Andalucía como ANPE-Sindicato Independiente ven una clara intromisión de la Administración autonómica en competencias que no son suyas, sino del Ministerio de Educación. ANPE, además, se pregunta si el Gobierno andaluz teme un posible «adoctrinamiento» de estos profesores a los alumnos que no cursen Religión.
Esta es la explicación más plausible, según los sindicatos consultados, a la actitud que ha puesto en marcha la Junta en este curso y que ha comenzado con una circular de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa de la Consejería de Educación, con fecha de 1 de abril de 2013, donde se ordena limitar las tareas de estos profesores. Ese documento se envió a las ocho delegaciones de Educación y su seguimiento, según CSIF, ha sido desigual, ya que se ha aplicado, fundamentalmente, en la provincia de Almería y en zonas concretas de Jaén y Sevilla.
La influencia de IU
Hasta ahora, los profesores de Religión repartían su jornada lectiva de 25 horas dedicando 22 horas y media a las tareas docentes y las restantes dos horas y media a vigilar el recreo. A este horario nunca ha puesto reparo alguno el Ministerio de Educación, por lo que ambos sindicatos no comprenden cuál es la finalidad que persigue la Junta con esta intromisión.
El presidente de CSIF-Andalucía, José Luis Heredia, considera la medida «muy política» y se pregunta si el PSOE, que gobierna la Junta con el apoyo de IU, actúa ahora contra un horario establecido «hace muchísimos años, empujado por su socio». El delegado sindical de ANPE en Andalucía para el profesorado, Enrique Vívoras, añade que la medida es «absurda», es una «cuestión ideológica tanto de PSOE como de IU», y estima que su objetivo es evitar el contacto directo de estos docentes con el alumnado que no cursa Religión por miedo al «adoctrinamiento».
El presidente del Sector Educativo de CSIF-A, Francisco Hidalgo, recuerda que la circular de la Junta va en sentido contrario de la Ley Orgánica de Educación y el real decrecto que la desarrolla, que considera a los profesores de Religión como profesores de claustro a todos los efectos y estima las horas de recreo como lectivas.
Reclamar por vía judicial
Por ello, Hidalgo espera que la Junta reanude en breve el diálogo sobre esta cuestión, pues se halla suspendido desde el pasado junio a cuenta del cambio de Gobierno en Andalucía. Pero, mientras se retoma, el responsable sindical abre también la vía jurídica. Distribuirán entre los docentes un modelo de reclamación para realizar un recurso administrativo ante la Junta. De no resolverse, CSIF-A recurriría a la vía judicial.
El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Juan Antonio Martínez Camino, apeló ayer al sentido común para aclarar que «no hay ninguna base legal» para prohibir a los profesores de Religión cuidar de los alumnos durante los recreos. «No hay ninguna base legal y hay que hacer caso a los profesores de Religión», afirmó el portavoz de la CEE, durante la rueda de prensa al término de la reunión de la Comisión Permanente.
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