Los jóvenes, desprotegidos por la ley de ciencia

Enriq Pallé, investigador y miembro de la Plataforma de Investigación Digna, cree que la ley tendrá aspectos positivos como la colaboración público-privada para la I+D+i, pero se deja en el tintero puntos muy importantes como la mejora de las condiciones laborales de un sector que ha ido sufriendo poco a poco las consecuencias de los recortes fiscales.

Pallé se queja de que «el principal problema es que el Gobierno no ha sabido invertir de forma adecuada en investigación», a lo que argumenta que «las becas Ramón y Cajal se han visto afectadas por la crisis y con ello ha disminuido el número de científicos contratados». Estas becas, que bajo la nueva ley pasarán a denominarse Contratos de Acceso, garantizan a los investigadores cinco años al mando de un proyecto científico y su posterior contratación. Sin embargo, son muchos los que pasado ese tiempo deben dejar la investigación en el aire por falta de empleo.

«Es cierto que estamos en crisis y que los recortes son necesarios, pero si se dan becas en las que se invierte tanto dinero lo que no se puede hacer es tirar todo el trabajo por la borda pasados cinco años», critica Pallé, quien además asegura que «el Gobierno debería darse cuenta de que al despedir a un investigador de un proyecto en el que llevaba inmerso tantos años lo único que hace es tener pérdidas millonarias, ya que todo lo invertido no servirá para nada si al cabo de cierto tiempo ese trabajador es despedido».

La principal solución que proponen colectivos como la Plataforma de Investigación Digna y la Confederación de Sociedades Científicas es la creación de una ley que resuelva los principales problemas de fondo que existen en el mundo de la ciencia en España, lo cual se basaría en dar una estabilidad a los trabajadores y evitar los recortes en investigación. Algo que según ellos «no se asegura en esta nueva normativa». Esta opinión es compartida por Gabriel Elorriaga, portavoz de ciencia del PP en el Congreso, quien además tacha a la ley de «insuficiente» y «poco ambiciosa». «Los contratos de acceso no van a cambiar la situación precaria en la que se ven inmersos los grandes talentos científicos que tenemos. En esta ley se les debería garantizar su continuidad al frente de un proyecto transcurridos cinco años y no es así». La futura creación de una agencia estatal de investigación es otro de los puntos criticados desde el Partido Popular: «en realidad el Gobierno dijo ya en el 2006 que iba a crear esa agencia y contaba con una autorización legal para desarrollarla. Sin embargo, a día de hoy aún no existe».


Caída en picado del presupuesto
Las cifras del análisis de la Cosce (Confederación de Sociedades Científicas) sobre los presupuestos para ciencia confirman que las ayudas para la investigación han bajado considerablemente en los últimos años. Por campos, los Fondos de Investigación militar bajaron un 18,9% del año 2009 al 2010, mientras que los Fondos de investigación civil vieron un recorte del 1,5%. Además, en términos generales el presupuesto empleado en I+D+i en el año 2010 sufrió una caída del 15%, fundamentado principalmente en la crisis económica que atraviesa España.