El Gobierno abre el debate religioso para tapar los recortes sociales y frenar la sangría de votos

Ya lo tiene prácticamente listo. El Gobierno lanzará a principios de junio el debate sobre las creencias con la supresión, con carácter general, de todos los símbolos religiosos en los centros públicos, la implantación de la “igualdad de trato proporcional” a todas las confesiones, así como el reforzamiento de la laicidad del Estado. La necesidad de poner en marcha un cortafuego tras el recorte de las políticas sociales, ha llevado al presidente del Gobierno y líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, a reactivar el proyecto de ley de libertad religiosa.

Los socialistas creen que el debate político sobre el recorte salarial a los empleados públicos y la congelación de las pensiones no se debe prolongar mucho más tiempo debido al elevado coste electoral que está teniendo. De ahí que inmediatamente después de la reforma laboral que el Gobierno quiere aprobar a finales de mayo, con acuerdo o sin él en la mesa del diálogo social, Zapatero se disponga a agitar el debate religioso.

Los socialistas creen que la visita del Papa Benedicto XVI a Cataluña en octubre contribuirá a polarizar la atención y a dejar en segundo plano el debate sobre la crisis y los recortes sociales que tanto les perjudica.

En este sentido, los socialistas consultados aseguran que la nueva ley de libertad religiosa que ha elaborado el titular de Justicia, Francisco Caamaño, y coordina la vicepresidenta De la Vega, contiene elementos polémicos suficientes para incitar al debate. De la Vega ha pedido a los titulares de Educación, Ángel Gabilondo; Defensa, Carme Chacón; Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba; Sanidad, Trinidad Jiménez, y Cultura, Ángeles González Sinde, que agilicen sus aportaciones porque la intención del presidente es llevarlo a un próximo Consejo de Ministros y ponerlo en circulación cuanto antes.

Uno de los aspectos más polémicos del texto será la regulación del uso de los símbolos religiosos en todos los centros públicos: colegios, cuarteles, establecimientos penitenciarios, hospitales, residencias, centros culturales y otros dependientes del Estado. Con carácter general se suprimen, aunque se regulará y permitirá en los espacios y actos de culto.

“Creemos que es necesario determinar con claridad y nitidez la separación entre el Estado y las confesiones religiosas”, explica el titular de Justicia. La regulación del uso de símbolos religiosos en determinados actos y circunstancias se regulará reglamentariamente y por disposiciones de las autónomas y ayuntamientos.

De este modo, el Ejecutivo podrá elaborar un protocolo disponiendo que se suprima el crucifijo y la Biblia en los actos de toma de posesión del presidente del Gobierno y de los ministros.

También elaborará un protocolo civil para los funerales de Estado. La “igualdad de trato” a las confesiones religiosas obligará a abrir las capillas y oratorios católicos en los hospitales y en otros centros públicos a las demás confesiones.

Igualdad de trato para las confesiones religiosas

El punto más polémico consiste en reconocer “la igualdad de trato a las confesiones religiosas” en los colegios públicos, pues abrirá la puerta a la enseñanza optativa de otras religiones. En la actualidad, el Estado paga a unos 30.000 profesores de religión católica. No obstante, Caamaño aclara que igualdad de trato no es “uniformidad” sino “proporcionalidad” y “arraigo”, con lo que la enseñanza de la religión católica, mayoritaria, seguirá garantizada.
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