Estas semanas están pasando por el Congreso de los Diputados numerosos profesionales de la Educación convocados por una subcomisión creada para construir el primer gran acuerdo educativo de la historia de nuestro país. Un acuerdo que ha sido bautizado como Pacto de Estado Social y Político por la Educación. Un acuerdo que ha despertado el interés de la opinión pública y que está motivando interesantes entrevistas a personajes significativos de la reciente historia de la educación en España.
En su número de Abril-Mayo, la revista del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Madrid presentaba una breve entrevista con Álvaro Marchesi, Secretario de Estado de Educación en los gobiernos de Felipe González. Aunque menos conocido que Joaquín Solana, Ernest Lluch o José María Maravall, este profesor de Psicología Evolutiva desempeñó un papel importante en el diseño y aplicación de la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE). Junto a César Coll y otros profesores universitarios que tuvieron responsabilidades educativas en aquellos años (1982-1996) llevaron a la práctica una política educativa constructivista que, con ligeras modificaciones, se ha mantenido hasta la actualidad.
En el balance del sistema educativo que realiza en la entrevista afirma que la LOGSE se olvidó del profesorado y también las modificaciones legislativas que la sucedieron. Preguntado por las carencias de la LOGSE y considerar que desde entonces “se ha mejorado poco o nada” en la educación, afirma:
“Tenían que haberse puesto en marcha medidas de atención a la diversidad para que las escuelas con más problemas o con más necesidades contaran con más recursos. Además, la LOGSE no cuidó adecuadamente el desarrollo profesional del docente; reconozco que no lo hicimos entonces y creo que tampoco se ha hecho después. Por eso creo que, en general, ha sido una ley mal interpretada.”
El reconocimiento de este descuido es un dato importante que no debería pasar desapercibido a los miembros de la subcomisión del Congreso. Quienes conocimos el desarrollo legislativo, el diseño administrativo y la aplicación organizativa de la LOGSE sabemos que la LOGSE no consideró al maestro y profesor como un profesional que necesitaba desarrollarse sino como un “empleado” o “trabajador”. Esta simplificación de la figura del profesorado es una de las raíces de la crisis del sistema educativo que ahora se quiere volver a reformar.
Desde entonces, las decisiones sobre el desarrollo profesional de los docentes siempre han estado condicionadas por el equilibrio de fuerzas sindicales de los centros o las respectivas comunidades autónomas. El desarrollo profesional docente no ha existido porque los maestros y profesores no tenían la consideración de “profesionales” sino de “empleados”, es decir, se desarrollaba el sistema educativo en términos estrictamente mecánicos. La maestro y profesor era considerado en términos estrictamente fordistas y tayloristas como pieza sustituible de un sistema. Con este tipo de lógica las claves del desarrollo profesional están determinadas por los cálculos políticos y sindicales, nunca por cálculos estrictamente profesionales.
Durante estos años, los criterios para la formación, selección, desarrollo y promoción profesional de los profesores han estado en manos de los poderes sindicales. Con independencia de su grado de representatividad, los sindicatos de la educación se han encargado de laboralizar, sindicalizar y desprofesionalizar lo que en derecho administrativo se llama “función docente”. Esta mecanización de la función educativa es una de las causas por las que ha desaparecido la carrera profesional, se han desmotivado la mayor parte de los equipos educativos, se han desincentivado los equipos de innovación y, sobre todo, se ha desprestigiado el oficio de maestro.
Quienes en los años ochenta y noventa apelaban a la autoridad del maestro, la cualificación universitaria de los profesores y la organización profesional de la carrera docente fueron marginados, despreciados y arrinconados. Quienes ahora realizan balances de aquellos años deberían empezar sus reflexiones responsabilizándose de los errores cometidos porque los problemas educativos no son tan simples como se plantearon en aquellos años.
Si de verdad queremos un pacto educativo debemos empezar reconociendo los errores cometidos porque las leyes y los sistema administrativos que las desarrollan son obra de equipos humanos. Ahora es muy fácil decir que la crisis económica y los recortes son los culpables de un profesorado desanimado, desmotivado y desprofesionalizado. Mientras los profesores y políticos (y autoridades sindicales) que han tenido responsabilidades educativas durante las últimas décadas no reconozcan los errores, las faltas de perspectiva y las simplificaciones pedagógicas realizadas, no será posible un pacto educativo. Esperemos que tres décadas más tarde nuestros legisladores no desprecien, como entonces, el noble oficio de maestro.
Más información en nuestro trabajo: Educación y Redes sociales. La Autoridad de educar en la era digital. Encuentro, Madrid, 2016.
No hay comentarios:
Publicar un comentario