El nuevo ministro de Educación, don Ángel Gabilondo, nada más incorporarse a sus nuevas responsabilidades, propone un gran pacto entre las Comunidades Autónomas y partidos políticos en el conflictivo mundo de la educación, tan maltrecho y deteriorado en el momento actual. La idea y el propósito son coincidentes con lo que siempre hemos pedido y deseado todos los profesionales de la educación, y que nunca ha cristalizado en una realidad, quedando instalado de forma permanente en el terreno de las buenas intenciones. También es significativo que muchos piden dicho pacto cuando ocupan el poder, y practican una actitud contraria cuando están instalados en la oposición. De aquí nace la sospecha de que lo que en ocasiones se pretende es solicitar una actitud de apoyo, sin ningún tipo de crítica, por no decir de sumisión, a sus planteamientos, con relativa frecuencia, radicales y excluyentes.
Memoria histórica
Las palabras e intenciones de don Ángel Gabilondo, que no tengo motivos para poner en duda en cuanto a su sinceridad, me han hecho recordar algunos momentos de nuestra reciente historia de la educación, que a nivel personal y profesional me ha tocado vivir y que me hacen albergar dudas y una gran carga de escepticismo con lo que anuncia el ministro.
Todos recordamos que, en el año 1980, fecha muy próxima a haber sido aprobada la Constitución, fue regulado el Estatuto de Centros Escolares, por la Ley Orgánica 5/1980 de 19 de junio (BOE de 27 de junio). Era la primera ley orgánica que desarrollaba el artículo 27 de la Constitución, en los niveles no universitarios. Otero Novas, que en aquel entonces era ministro de Educación en un Gobierno de UCD, expresó, en la presentación del proyecto ley, que ésta pretendía desterrar «la semilla de nuestras amargas querellas históricas», para lo cual es de todo punto necesario «que el sistema escolar sea democrático, esto es, respetuoso con la pluralidad social», y «debe dar cabida a cualquier tipo de educación que acate los principios constitucionales».
Otero Novas, en su intervención en el Congreso de los Diputados, a la que estamos haciendo referencia, el día 4 de marzo de 1980, indicaba también: «Llevar la escuela a todos no significa llevar a todos la misma escuela, salvo en los aspectos técnicos de la calidad. El derecho a la educación es siempre, y dada su naturaleza, el derecho a un determinado tipo de educación».
Una vez que fue aprobada la ley, las fuerzas políticas de la oposición a UCD, principalmente los socialistas, desarrollaron una frenética oposición de acoso y derribo, y cuando tuvo lugar el triunfo del Partido Socialista en las elecciones generales de 28 de octubre de 1982, y fue nombrado ministro de Educación don José María Maravall, uno de los primeros objetivos que se marcaron en el terreno educativo fue hacer tabla rasa de la política llevada a cabo por los hombres y Gobiernos de UCD. Y así Maravall, uno de los ideólogos del socialismo y considerado como uno de los epígonos de la Institución Libre de Enseñanza, logra la derogación del Estatuto de Centros y la promulgación de la polémica y discutida LODE, Ley Orgánica del Derecho a la Educación.
Todo esto, que algunos pueden considerar que ya pertenece al pasado, ha tenido posteriores versiones que reflejan una unitaria forma de pensar y actuar de nuestra historia más reciente. La vigente Ley Orgánica de Educación, ley 2/2006 de 3 de mayo, tuvo sus orígenes, en la mente e intención de sus diseñadores, como objetivo prioritario y fundamental evitar que la Ley Orgánica de la Calidad de la Educación, aprobada por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados cuando el Partido Popular estaba en el Gobierno, siendo ministra de educación doña Pilar del Castillo, pudiese entrar en vigor y ser desarrollada. Y para eso utilizó, como primera medida, un procedimiento insólito, inédito y objeto de múltiples críticas. Fue, ni más ni menos, que, por medio de un Decreto, dejar en suspenso el calendario de aplicación y desarrollo de la Ley de Calidad de la Educación. Quedó paralizada, bloqueada y prácticamente muerta apenas nacida y sin haber podido dar sus primeros pasos.
En realidad, la nueva ley socialista, como decía don Xavier Pericay, «no es más que la vieja LOGSE con unos remiendos». Y bueno es recordar que dicha ley, de Javier Solana, introdujo y elevó a categoría de dogma pedagógico «la educación comprensiva» y «el igualitarismo a ultranza», y desterró de la práctica educativa todo lo que significase esfuerzo, excelencia y rendimiento.
La ley 2/2006, de 3 de mayo, actualmente vigente, presenta como gran novedad y oferta estrella, una nueva asignatura, Educación para la ciudadanía, obligatoria, evaluable y dirigida a alumnos de Primaria y Secundaria. Hace relación a derechos fundamentales y al bien común, y, como algunos señalan, desciende a terrenos de adoctrinamiento moral, individual y social. Gregorio Peces Barba, considerado uno de los padres de la criatura, se muestra todo feliz del invento y señala «que esta asignatura vale por toda la legislatura».
Todos recordamos que, en el año 1980, fecha muy próxima a haber sido aprobada la Constitución, fue regulado el Estatuto de Centros Escolares, por la Ley Orgánica 5/1980 de 19 de junio (BOE de 27 de junio). Era la primera ley orgánica que desarrollaba el artículo 27 de la Constitución, en los niveles no universitarios. Otero Novas, que en aquel entonces era ministro de Educación en un Gobierno de UCD, expresó, en la presentación del proyecto ley, que ésta pretendía desterrar «la semilla de nuestras amargas querellas históricas», para lo cual es de todo punto necesario «que el sistema escolar sea democrático, esto es, respetuoso con la pluralidad social», y «debe dar cabida a cualquier tipo de educación que acate los principios constitucionales».
Otero Novas, en su intervención en el Congreso de los Diputados, a la que estamos haciendo referencia, el día 4 de marzo de 1980, indicaba también: «Llevar la escuela a todos no significa llevar a todos la misma escuela, salvo en los aspectos técnicos de la calidad. El derecho a la educación es siempre, y dada su naturaleza, el derecho a un determinado tipo de educación».
Una vez que fue aprobada la ley, las fuerzas políticas de la oposición a UCD, principalmente los socialistas, desarrollaron una frenética oposición de acoso y derribo, y cuando tuvo lugar el triunfo del Partido Socialista en las elecciones generales de 28 de octubre de 1982, y fue nombrado ministro de Educación don José María Maravall, uno de los primeros objetivos que se marcaron en el terreno educativo fue hacer tabla rasa de la política llevada a cabo por los hombres y Gobiernos de UCD. Y así Maravall, uno de los ideólogos del socialismo y considerado como uno de los epígonos de la Institución Libre de Enseñanza, logra la derogación del Estatuto de Centros y la promulgación de la polémica y discutida LODE, Ley Orgánica del Derecho a la Educación.
Todo esto, que algunos pueden considerar que ya pertenece al pasado, ha tenido posteriores versiones que reflejan una unitaria forma de pensar y actuar de nuestra historia más reciente. La vigente Ley Orgánica de Educación, ley 2/2006 de 3 de mayo, tuvo sus orígenes, en la mente e intención de sus diseñadores, como objetivo prioritario y fundamental evitar que la Ley Orgánica de la Calidad de la Educación, aprobada por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados cuando el Partido Popular estaba en el Gobierno, siendo ministra de educación doña Pilar del Castillo, pudiese entrar en vigor y ser desarrollada. Y para eso utilizó, como primera medida, un procedimiento insólito, inédito y objeto de múltiples críticas. Fue, ni más ni menos, que, por medio de un Decreto, dejar en suspenso el calendario de aplicación y desarrollo de la Ley de Calidad de la Educación. Quedó paralizada, bloqueada y prácticamente muerta apenas nacida y sin haber podido dar sus primeros pasos.
En realidad, la nueva ley socialista, como decía don Xavier Pericay, «no es más que la vieja LOGSE con unos remiendos». Y bueno es recordar que dicha ley, de Javier Solana, introdujo y elevó a categoría de dogma pedagógico «la educación comprensiva» y «el igualitarismo a ultranza», y desterró de la práctica educativa todo lo que significase esfuerzo, excelencia y rendimiento.
La ley 2/2006, de 3 de mayo, actualmente vigente, presenta como gran novedad y oferta estrella, una nueva asignatura, Educación para la ciudadanía, obligatoria, evaluable y dirigida a alumnos de Primaria y Secundaria. Hace relación a derechos fundamentales y al bien común, y, como algunos señalan, desciende a terrenos de adoctrinamiento moral, individual y social. Gregorio Peces Barba, considerado uno de los padres de la criatura, se muestra todo feliz del invento y señala «que esta asignatura vale por toda la legislatura».
Posibilidades del pacto escolar
Constituye tarea previa, para poder iniciar todo trabajo encaminado a ir en busca del deseado pacto, el remover los obstáculos actualmente existentes y que hacen estéril, y condenan al fracaso, todo intento. Conocer, como decía Ortega, «su existencia y consistencia».
El primero de los obstáculos, y quizás el más grave y de más difícil solución, está en la politización de la educación en España, su utilización preferente como arma electoral y la nula confianza que genera la clase política española a la hora de llegar a acuerdos y consensos y proceder a su cumplimiento. Consecuencia de la politización es lo que, con gran acierto, ha señalado don Pedro González Trevijano, Rector de la Universidad Rey Juan Carlos: «La hipertrofia legislativa», que nos lleva a un tejer y destejer, claro «signo de Penélope». Toda ley educativa en el momento actual está condenada a vivir mientras los políticos que la alumbraron estén en el poder. Todo este proceso demencial provoca el desconcierto de la sociedad y, de modo especial, en las familias y en los profesores. No existe estabilidad en el sistema educativo y ello nos hace vivir en una permanente interinidad.
La articulación de un pacto escolar pasa por ser conscientes de que éste, en lo que hace relación a sus grandes principios, líneas fundamentales y ejes vertebradores, ya existe. Es, ni más ni menos, que el logrado con la Constitución de 1978, que ha sido fruto de un consenso y un acuerdo de todas las fuerzas políticas, y no la simple imposición de una de ellas. Habrá que pensar en el desarrollo de dichos principios. Ahí está el problema.
El primero de los obstáculos, y quizás el más grave y de más difícil solución, está en la politización de la educación en España, su utilización preferente como arma electoral y la nula confianza que genera la clase política española a la hora de llegar a acuerdos y consensos y proceder a su cumplimiento. Consecuencia de la politización es lo que, con gran acierto, ha señalado don Pedro González Trevijano, Rector de la Universidad Rey Juan Carlos: «La hipertrofia legislativa», que nos lleva a un tejer y destejer, claro «signo de Penélope». Toda ley educativa en el momento actual está condenada a vivir mientras los políticos que la alumbraron estén en el poder. Todo este proceso demencial provoca el desconcierto de la sociedad y, de modo especial, en las familias y en los profesores. No existe estabilidad en el sistema educativo y ello nos hace vivir en una permanente interinidad.
La articulación de un pacto escolar pasa por ser conscientes de que éste, en lo que hace relación a sus grandes principios, líneas fundamentales y ejes vertebradores, ya existe. Es, ni más ni menos, que el logrado con la Constitución de 1978, que ha sido fruto de un consenso y un acuerdo de todas las fuerzas políticas, y no la simple imposición de una de ellas. Habrá que pensar en el desarrollo de dichos principios. Ahí está el problema.
Temas claves que aclarar y desarrollar
¿Cuáles son las posturas defendidas por los partidos políticos con relación al derecho a la educación y a la libertad de enseñanza? Dado que la Constitución, en su artículo 27, nos habla del derecho de la educación, habrá que pensar si no existe una diferenciación de dicho derecho con el de la escolarización, dado que éste es un mero derecho instrumental. ¿Cómo respetar y llevar a cabo dicho derecho y el de la libertad de enseñanza? Debe quedar muy claro el papel del Estado y de los poderes públicos, que en realidad no es otro que «garantizar el derecho de todos a la educación», y «el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones».La educación es tarea solidaria y responsabilidad compartida, pero pasa por diferenciar campos de actuación y evitar todo tipo de intromisión en lo que no corresponde a su naturaleza y competencias. Tener claras dichas competencias, las del Estado y de los poderes públicos, la sociedad civil, la familia, los profesionales de la educación, los centros educativos, los alumnos, y en realidad de todos nosotros, es tarea prioritaria y fundamental.
Causa extrañeza y escándalo que, a estas alturas, todavía no tengamos claro que, por derecho natural, la educación es competencia y deber prioritario de las familias, y que todos los demás tenemos una responsabilidad delegada y subsidiaria. Si ello logra pasar del terreno de la utopía a la realidad, el pacto escolar sería posible.
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