Una ley vacía de consenso

Foto: Jesús Hellín/Europa Press


Tras superar el primer examen en el Congreso, la LOMLOE afronta ahora el debate sobre modificaciones parciales. Desde la educación católica temen que Podemos quiera endurecerla todavía más. Los obispos defienden el pacto educativo y tienden la mano al Gobierno

El Proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley de Educación (LOMLOE), más conocido como ley Celaá, continúa su trámite parlamentario después de que hace una semana superase su primer examen en el Congreso de los Diputados, con el rechazo de la mayoría de la Cámara a las enmiendas a la totalidad de PP, Vox y Ciudadanos.

Entonces, la ministra de Educación, Isabel Celaá, defendió que la propuesta del Gobierno «es necesaria y oportuna» y que, además, «mantiene el derecho de los padres a elegir la formación moral y religiosa que quieren para sus hijos».

Nada más lejos de la realidad para una buena parte de la comunidad educativa, que acusa a la ministra de falta de consenso y de diálogo y recuerda que el proyecto sigue postulados ideológicos con un único objetivo claro: derogar la LOMCE. En estas reivindicaciones está muy presente la educación católica a través de los distintos agentes: obispos y diócesis, centros educativos, padres, profesores, sindicatos... A pesar de las diferencias, desde la Comisión para la Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal tienden la mano al Gobierno, al que ofrecen –y así lo han manifestado públicamente en una nota– su «plena disponibilidad» para el diálogo y la colaboración en esta materia.

Al hilo del contenido del proyecto, los obispos insisten en la necesidad de proteger y promover el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, que se concretan en cuestiones como el concepto de demanda social, que se elimina, y la clase de Religión, que se devalúa. «Parece necesario que la futura ley siga recogiendo la demanda social», afirman sobre la primera cuestión. Sobre la Religión, añaden que «la dimensión moral y religiosa de la persona no puede excluirse del ámbito escolar».

Esta ha sido una de las reclamaciones de la iniciativa Reli es +, un movimiento en redes sociales promovido por las delegaciones diocesanas de Enseñanza, grupos de profesores, padres y otros colectivos. Juan Carlos López, delegado de Enseñanza de la Diócesis de Zamora y uno de los impulsores de Reli es +, plantea la necesidad de «un gran pacto educativo en clave europea», en el que la Religión «deje de ser un arma arrojadiza». «Esta asignatura no es el problema del sistema educativo», añade, al tiempo que asegura que desde la Iglesia se podrían hacer cesiones para llegar a un acuerdo, siempre que no se traspasen las líneas rojas. Esto es: la carga lectiva, la evaluación y la alternativa.

Una actitud que choca con la del Gobierno: «Es una ley que no nace del consenso, sino de la falta de diálogo y que vuelve a poner encima de la mesa un trato a la asignatura de Religión que es discriminatorio a todos los efectos. Va contra la normativa nacional e internacional, algo que nos genera perplejidad, pues estamos hablando de una solución que judicializaría la educación».

Desde el sindicato Apprece, de profesores de Religión de centros estatales, creen que con este proyecto «se vuelve a las andadas, a querer imponer una ley de educación que parte de un planteamiento puramente ideológico». En el caso particular de la Religión, señalan que la reforma es «un desastre» y que crea «una serie de problemas que no existían». «Si la política está para solucionar problemas y no para crearlos, la LOMLOE es el modelo de lo que no se debe hacer nunca en política. Es una fórmula que encierra todos los males, sin mezcla de bien alguno», explican a Alfa y Omega desde la junta directiva del sindicato.

En todo caso, no pierden la esperanza de que se alcance una fórmula sobre la enseñanza de Religión «que mejore sustancialmente la actual y que sea una solución para muchos años». La suya –que tienen para su estudio todos los grupos parlamentarios y también la Conferencia Episcopal– parte desde «un currículo integrado y consensuado para todo el alumnado» con una doble opción: una que incluiría las enseñanzas religiosas específicas confesionales y otra que se elaboraría desde una laicidad positiva, «la que corresponde a un Estado moderno».

«Confiamos en que, a pesar de que no estamos viviendo el mejor clima para el diálogo y la búsqueda de acuerdos y consensos en la educación, se imponga el sentido común y no se ahonde más en la división de la sociedad española», concluyen.

Sin tener en cuenta la pandemia

Representando a los padres católicos, Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA, no puede sino mostrar su decepción por que la ley siga su curso. Un proyecto, añade, que «nace del enfrentamiento» y que, además, no recoge cuestiones como la brecha digital, que se han hecho visibles durante la pandemia.

Caballero no es optimista, pues cree que el Gobierno sigue su hoja de ruta a rajatabla, de manera unilateral. «Y no lo soy por una sencilla razón, porque no ha contado con la comunidad educativa y menos con las familias. No ha contado con las familias que elegimos la educación concertada», añade. Incluso tiene motivos para estar preocupado, pues cree que en las enmiendas parciales, algunos grupos más a la izquierda del PSOE pueden introducir modificaciones que empeoren el texto que entró en el Congreso.

Con todo, ve al país abocado a una ley que se volverá a derogar una vez cambie el color del Gobierno, algo que será «un desastre educativo para nuestros hijos». «Que haya pacto educativo es una cuestión de voluntad política. Si nuestros políticos no la tienen, no podremos sacar nada adelante», apunta.

Desde Escuelas Católicas, su todavía secretario general, José María Alvira –ha sido elegido el trinitario Pedro Huerta para sustituirle a partir del 1 de septiembre–, denuncia que lo que subyace en este proyecto es un papel más relevante del Estado frente a la sociedad civil y, en concreto, a la familia. No cree que la ley trate de eliminar la escuela concertada, pero, agrega, «sí va a permitir que sea asfixiada con las medidas que puedan poner en marcha algunas comunidades autónomas. Tenemos ejemplos actuales en La Rioja o en la Comunidad Valenciana». Y es, en este contexto, en el que se enmarca la eliminación de la demanda social.


La ministra de Educación, Isabel Celaá, en el pleno de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, el 17 de junio. Foto: Ignacio Gil

Preocupación por las enmiendas

En su opinión, la concepción de la educación que tiene el actual PSOE está cerca de Podemos, «al que no le gusta la libertad de enseñanza». De hecho, teme que el partido minoritario de la coalición de Gobierno pueda endurecer la ley con sus propuestas y sea más lesiva para la concertada y las familias: «Hay que tener en cuenta que este proyecto no lo ha elaborado el nuevo Gobierno sino el anterior, del PSOE en solitario, y lo que quiera decir Podemos será a través de enmiendas. Y sospechamos que si las presenta no irán a favor de la libertad de enseñanza».

Alvira cita otros aspectos problemáticos, como que se tenga que incluir en los consejos escolares de los centros concertados a un representante del Ayuntamiento de la localidad, «un comisario político que va a controlar e incluso dificultar la puesta en marcha del ideario propio», o los colegios de educación especial, que con esta ley acabarán vaciándose. «Nos parece que lo importante es que los chicos con necesidades educativas especiales se integren perfectamente en la sociedad», añade.

Esta última cuestión la conoce bien José María Escudero, padre de un niño con autismo y presidente de la Plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial También. La sensación que recorre al colectivo al que representa, el de los padres que llevan a sus hijos a centros de educación especial –son el 0,4 % de todo el alumnado y el 16,7 % del que tienen necesidades educativas especiales– es la misma que cuando saltó a la luz toda la polémica en torno a esta cuestión. «El objetivo del Gobierno es reducir el número de alumnos de educación especial. Y lo hace por una cuestión ideológica, pues no hay ningún motivo pedagógico ni beneficioso para las personas con discapacidad», explica a este semanario.

Llevan ya muchos meses de batalla, de intentar hacer ver al Gobierno que hay alumnos con necesidades especiales que necesitan entornos específicos y que esa atención no se puede dar en los centros ordinarios. Su insistencia, incluso con movilizaciones, sigue sin tener éxito en la medida que la disposición adicional 4ª de la ley, la que abre la puerta a la desaparición de estos colegios, sigue en el proyecto. En una última reunión con la ministra, hace poco más de un mes, tampoco obtuvieron respuesta: «Propusimos a la ministra buscar una alternativa que pudiera contentar a las personas afectadas, pero nos dijo que el Gobierno ya no tenía nada que hacer. Es un despropósito que se haga una ley para unas personas y que a esas personas no se las tenga en cuenta».


Las claves

Se elimina la demanda social
Se devalúa la clase de Religión
Se crea la asignatura de Valores Cívicos y Éticos, que será obligatoria
Se limita a los centros de educación especial
Los profesores tendrán que hacer prácticas antes de obtener el título
Se podrá pasar de curso en ESO con más de dos suspensos y obtener el título de Bachillerato con uno


Fran Otero