lunes, 29 de junio de 2020
jueves, 25 de junio de 2020
Una ley vacía de consenso
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Foto: Jesús Hellín/Europa Press
Tras superar el primer examen en el Congreso, la LOMLOE afronta ahora el debate sobre modificaciones parciales. Desde la educación católica temen que Podemos quiera endurecerla todavía más. Los obispos defienden el pacto educativo y tienden la mano al Gobierno
El Proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley de Educación (LOMLOE), más conocido como ley Celaá, continúa su trámite parlamentario después de que hace una semana superase su primer examen en el Congreso de los Diputados, con el rechazo de la mayoría de la Cámara a las enmiendas a la totalidad de PP, Vox y Ciudadanos.
Entonces, la ministra de Educación, Isabel Celaá, defendió que la propuesta del Gobierno «es necesaria y oportuna» y que, además, «mantiene el derecho de los padres a elegir la formación moral y religiosa que quieren para sus hijos».
Nada más lejos de la realidad para una buena parte de la comunidad educativa, que acusa a la ministra de falta de consenso y de diálogo y recuerda que el proyecto sigue postulados ideológicos con un único objetivo claro: derogar la LOMCE. En estas reivindicaciones está muy presente la educación católica a través de los distintos agentes: obispos y diócesis, centros educativos, padres, profesores, sindicatos... A pesar de las diferencias, desde la Comisión para la Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal tienden la mano al Gobierno, al que ofrecen –y así lo han manifestado públicamente en una nota– su «plena disponibilidad» para el diálogo y la colaboración en esta materia.
Al hilo del contenido del proyecto, los obispos insisten en la necesidad de proteger y promover el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, que se concretan en cuestiones como el concepto de demanda social, que se elimina, y la clase de Religión, que se devalúa. «Parece necesario que la futura ley siga recogiendo la demanda social», afirman sobre la primera cuestión. Sobre la Religión, añaden que «la dimensión moral y religiosa de la persona no puede excluirse del ámbito escolar».
Esta ha sido una de las reclamaciones de la iniciativa Reli es +, un movimiento en redes sociales promovido por las delegaciones diocesanas de Enseñanza, grupos de profesores, padres y otros colectivos. Juan Carlos López, delegado de Enseñanza de la Diócesis de Zamora y uno de los impulsores de Reli es +, plantea la necesidad de «un gran pacto educativo en clave europea», en el que la Religión «deje de ser un arma arrojadiza». «Esta asignatura no es el problema del sistema educativo», añade, al tiempo que asegura que desde la Iglesia se podrían hacer cesiones para llegar a un acuerdo, siempre que no se traspasen las líneas rojas. Esto es: la carga lectiva, la evaluación y la alternativa.
Una actitud que choca con la del Gobierno: «Es una ley que no nace del consenso, sino de la falta de diálogo y que vuelve a poner encima de la mesa un trato a la asignatura de Religión que es discriminatorio a todos los efectos. Va contra la normativa nacional e internacional, algo que nos genera perplejidad, pues estamos hablando de una solución que judicializaría la educación».
Desde el sindicato Apprece, de profesores de Religión de centros estatales, creen que con este proyecto «se vuelve a las andadas, a querer imponer una ley de educación que parte de un planteamiento puramente ideológico». En el caso particular de la Religión, señalan que la reforma es «un desastre» y que crea «una serie de problemas que no existían». «Si la política está para solucionar problemas y no para crearlos, la LOMLOE es el modelo de lo que no se debe hacer nunca en política. Es una fórmula que encierra todos los males, sin mezcla de bien alguno», explican a Alfa y Omega desde la junta directiva del sindicato.
En todo caso, no pierden la esperanza de que se alcance una fórmula sobre la enseñanza de Religión «que mejore sustancialmente la actual y que sea una solución para muchos años». La suya –que tienen para su estudio todos los grupos parlamentarios y también la Conferencia Episcopal– parte desde «un currículo integrado y consensuado para todo el alumnado» con una doble opción: una que incluiría las enseñanzas religiosas específicas confesionales y otra que se elaboraría desde una laicidad positiva, «la que corresponde a un Estado moderno».
«Confiamos en que, a pesar de que no estamos viviendo el mejor clima para el diálogo y la búsqueda de acuerdos y consensos en la educación, se imponga el sentido común y no se ahonde más en la división de la sociedad española», concluyen.
Sin tener en cuenta la pandemia
Representando a los padres católicos, Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA, no puede sino mostrar su decepción por que la ley siga su curso. Un proyecto, añade, que «nace del enfrentamiento» y que, además, no recoge cuestiones como la brecha digital, que se han hecho visibles durante la pandemia.
Caballero no es optimista, pues cree que el Gobierno sigue su hoja de ruta a rajatabla, de manera unilateral. «Y no lo soy por una sencilla razón, porque no ha contado con la comunidad educativa y menos con las familias. No ha contado con las familias que elegimos la educación concertada», añade. Incluso tiene motivos para estar preocupado, pues cree que en las enmiendas parciales, algunos grupos más a la izquierda del PSOE pueden introducir modificaciones que empeoren el texto que entró en el Congreso.
Con todo, ve al país abocado a una ley que se volverá a derogar una vez cambie el color del Gobierno, algo que será «un desastre educativo para nuestros hijos». «Que haya pacto educativo es una cuestión de voluntad política. Si nuestros políticos no la tienen, no podremos sacar nada adelante», apunta.
Desde Escuelas Católicas, su todavía secretario general, José María Alvira –ha sido elegido el trinitario Pedro Huerta para sustituirle a partir del 1 de septiembre–, denuncia que lo que subyace en este proyecto es un papel más relevante del Estado frente a la sociedad civil y, en concreto, a la familia. No cree que la ley trate de eliminar la escuela concertada, pero, agrega, «sí va a permitir que sea asfixiada con las medidas que puedan poner en marcha algunas comunidades autónomas. Tenemos ejemplos actuales en La Rioja o en la Comunidad Valenciana». Y es, en este contexto, en el que se enmarca la eliminación de la demanda social.
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La ministra de Educación, Isabel Celaá, en el pleno de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, el 17 de junio. Foto: Ignacio Gil
Preocupación por las enmiendas
En su opinión, la concepción de la educación que tiene el actual PSOE está cerca de Podemos, «al que no le gusta la libertad de enseñanza». De hecho, teme que el partido minoritario de la coalición de Gobierno pueda endurecer la ley con sus propuestas y sea más lesiva para la concertada y las familias: «Hay que tener en cuenta que este proyecto no lo ha elaborado el nuevo Gobierno sino el anterior, del PSOE en solitario, y lo que quiera decir Podemos será a través de enmiendas. Y sospechamos que si las presenta no irán a favor de la libertad de enseñanza».
Alvira cita otros aspectos problemáticos, como que se tenga que incluir en los consejos escolares de los centros concertados a un representante del Ayuntamiento de la localidad, «un comisario político que va a controlar e incluso dificultar la puesta en marcha del ideario propio», o los colegios de educación especial, que con esta ley acabarán vaciándose. «Nos parece que lo importante es que los chicos con necesidades educativas especiales se integren perfectamente en la sociedad», añade.
Esta última cuestión la conoce bien José María Escudero, padre de un niño con autismo y presidente de la Plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial También. La sensación que recorre al colectivo al que representa, el de los padres que llevan a sus hijos a centros de educación especial –son el 0,4 % de todo el alumnado y el 16,7 % del que tienen necesidades educativas especiales– es la misma que cuando saltó a la luz toda la polémica en torno a esta cuestión. «El objetivo del Gobierno es reducir el número de alumnos de educación especial. Y lo hace por una cuestión ideológica, pues no hay ningún motivo pedagógico ni beneficioso para las personas con discapacidad», explica a este semanario.
Llevan ya muchos meses de batalla, de intentar hacer ver al Gobierno que hay alumnos con necesidades especiales que necesitan entornos específicos y que esa atención no se puede dar en los centros ordinarios. Su insistencia, incluso con movilizaciones, sigue sin tener éxito en la medida que la disposición adicional 4ª de la ley, la que abre la puerta a la desaparición de estos colegios, sigue en el proyecto. En una última reunión con la ministra, hace poco más de un mes, tampoco obtuvieron respuesta: «Propusimos a la ministra buscar una alternativa que pudiera contentar a las personas afectadas, pero nos dijo que el Gobierno ya no tenía nada que hacer. Es un despropósito que se haga una ley para unas personas y que a esas personas no se las tenga en cuenta».
Las claves
Se elimina la demanda social
Se devalúa la clase de Religión
Se crea la asignatura de Valores Cívicos y Éticos, que será obligatoria
Se limita a los centros de educación especial
Los profesores tendrán que hacer prácticas antes de obtener el título
Se podrá pasar de curso en ESO con más de dos suspensos y obtener el título de Bachillerato con uno
Fran Otero
jueves, 18 de junio de 2020
Nota de la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura
El Proyecto de Ley de Educación –de la LOMLOE–, que ha sido publicado en circunstancias tan extraordinarias como las de un “estado de alarma”, afecta sin duda a toda la sociedad, verdadera protagonista de la educación, de la que formamos parte como Iglesia católica. Por ello, consideramos responsabilidad nuestra participar en el debate público en orden a su tramitación.
Punto de partida es, sin duda, el compromiso con este bien inmenso que es la educación, uno de los tesoros más valiosos de la sociedad, pues afecta a la vida de los seres más queridos y, de muchas maneras, al futuro de todos.
Tras examinar con atención el actual Proyecto de Ley, nos parece tener que insistir en la necesidad de proteger y promover el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, tal como se explicitan en la Constitución y en su interpretación jurisprudencial.
Nos preocupa que se recojan plenamente las consecuencias de estos principios en la nueva Ley, y en primer lugar el respeto por la responsabilidad y los derechos de los padres en la educación de los hijos. Si el Estado tiene una tarea principal en la defensa y la promoción del bien de la educación para todos, no es sin embargo el sujeto del derecho educativo.
En este mismo sentido parece necesario que, a diferencia del actual Proyecto, la futura Ley siga recogiendo la “demanda social” en todas las etapas del proceso educativo, desde la libertad de elección de centro escolar, que incluye la gratuidad de la enseñanza sin discriminaciones, al trato en igualdad de condiciones de los diversos centros y a la libertad para su creación.
La formación integral es un principio educativo recogido también por la Constitución. En consecuencia, no puede excluirse del ámbito escolar la educación de la dimensión moral y religiosa de la persona, de modo que ésta pueda crecer como sujeto responsable y libre. En este ámbito de conocimientos se sitúa la asignatura de Religión, como es habitualmente reconocido en los sistemas educativos europeos.
Queremos insistir en que esta asignatura no puede plantearse de manera ajena a la identidad cultural, moral y religiosa de la persona. Pues esta identidad forma parte esencial de la realidad a cuyo conocimiento la escuela ha de introducir a la persona concreta. Conocer y comprender la propia realidad es el método adecuado para poder luego actuar con libertad.
La persona, además, no existe nunca como individuo aislado, sino como miembro de un pueblo, partícipe de una cultura, de una tradición. La cual, en el caso de nuestra sociedad, como en el de los diferentes países europeos, no se entendería sin conocer y comprender la fe cristiana.
La asignatura de Religión católica es una respuesta a estas exigencias en el caso de la mayoría del alumnado. Ciertamente puede ser integrada de varios modos en el área de conocimiento que le corresponda en el currículo, de modo que no se generen para nadie agravios comparativos. De igual manera, habrá de respetarse el conjunto de exigencias propias de su presencia en el ámbito escolar, relativas a la metodología o al estatuto del profesorado. Pero no debe ser considerada ajena al proceso educativo. Por ello, debe ser una asignatura comparable a otras asignaturas fundamentales y, por tanto, evaluable de igual manera.
Estos derechos y libertades, estos bienes relativos a la educación, recogidos en la Constitución, han sido también confirmados en varias ocasiones por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Están contenidos igualmente en los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede.
Del mismo modo que es importante el diálogo y la participación de todos, no podemos dejar de tener en cuenta el marco jurídico fundamental, que, defendiendo los derechos y libertades fundamentales, constituye la base no sólo de nuestro “pacto social”, sino también de un muy deseable “pacto escolar”.
La presencia de la Iglesia, del “pueblo católico” en nuestra sociedad es grande, y ha desarrollado una tradición educativa secular. Creemos que ha sido y deseamos que siga siendo una riqueza de nuestra sociedad, que posibilite el crecimiento, la libertad y la pluralidad de la propuesta educativa y, sobre todo, que sirva así al bien de los alumnos, las familias y toda la sociedad.
Creemos que estos grandes bienes justifican suficientemente todo esfuerzo de diálogo y de colaboración leal en el proceso de preparación de la nueva Ley de Educación, para el cual ofrecemos nuestra plena disponibilidad.
17 junio 2020
miércoles, 17 de junio de 2020
martes, 16 de junio de 2020
Ayuda transporte profesores de Religión
Unión Sindical Independiente de Trabajadores - Empleados Públicos
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C/ Bravo Murillo 39 (E), Escalera 50
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Local sindical - 28015 Madrid
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Teléfono 91 594 55 60 - Fax 91 593 80 77
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Estimadas/os compañeras/os:
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domingo, 14 de junio de 2020
sábado, 13 de junio de 2020
miércoles, 10 de junio de 2020
Los obispos europeos cuestionan las «severas restricciones a la libertad religiosa» durante la pandemia
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La reunión anual de los presidentes de COMECE y CCEE ha tenido como principal eje de debate la repercusión de la pandemia de COVID 19 sobre la vida diaria de la Iglesia y de las sociedades europeas. Han pedido «la restauración de las relaciones normales entre el estado y la Iglesia basadas en el diálogo y el respeto de los derechos fundamentales».
Los cardenales Jean-Claude Hollerich y Angelo Bagnasco, presidentes de COMECE (Comisión de las Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea) y CCEE (Consejo de Conferencias Episcopales de Europa) respectivamente, analizaron en su reunión anual que tuvo lugar esta semana el impacto de la pandemia en las comunidades civiles y eclesiales, e identificaron oportunidades de cooperación en la vida eclesial futura en Europa.
Los obispos reafirmaron la cercanía de la Iglesia católica a todos los que luchan contra la pandemia: las víctimas, sus familias y todos los trabajadores de la salud, así como los voluntarios y los fieles que han estado a la vanguardia de la atención de los afectados. Junto a ello expresaron su preocupación «por la crisis económica y la consiguiente pérdida de muchos empleos», así como la esperanza de que en Europa «todos trabajemos juntos para una recuperación que no deje a nadie atrás».
En este momento de crisis, los dos presidentes de las instituciones episcopales europeas enfatizaron el papel central de la familia, «la verdadera célula de solidaridad y del compartir, y también un lugar de oración común. Invertir en la familia es el primer paso para una mejora social, económica y eclesiástica justa».
Los participantes en la reunión expresaron también su agradecimiento a los sacerdotes, muchos de los cuales han sacrificado sus propias vidas durante la pandemia, por su «generoso servicio» durante este período, y analizaron el papel de las redes sociales en la oración y la transmisión del culto: «Estas nuevas formas de práctica religiosa, relaciones, presencia y compartir la fe nos invitan a considerar las posibilidades de dar un nuevo significado a la fe y a la Iglesia, pero también a trabajar para llevar a muchos creyentes a redescubrir la plena sacramentalidad de las celebraciones religiosas en los templos, algo que el uso de las nuevas tecnologías no puede garantizar».
Los dos presidentes también pusieron el foco en las severas restricciones a la libertad religiosa relacionadas con el cierre de iglesias y la prohibición de liturgias, y pidieron la restauración de las relaciones normales entre el estado y la Iglesia basadas en el diálogo y el respeto de los derechos fundamentales.
COMECE-CCEE
martes, 9 de junio de 2020
SOLICITUDES CONCURSO
Unión Sindical Independiente de Trabajadores - Empleados Públicos
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C/ Bravo Murillo 39 (E), Escalera 50
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Local sindical - 28015 Madrid
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Teléfono 91 594 55 60 - Fax 91 593 80 77
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Estimadas/os compañeras/os:
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jueves, 4 de junio de 2020
Permisos y licencias para el profesorado de Religión
Unión Sindical Independiente de Trabajadores - Empleados Públicos
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C/ Bravo Murillo 39 (E), Escalera 50
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Local sindical - 28015 Madrid
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Teléfono 91 594 55 60 - Fax 91 593 80 77
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Estimadas/os compañeras/os:
El Manual de Permisos y Licencias es un gran desconocido para el profesorado de Religión. Por ello, os citamos algunos de los PERMISOS y LICENCIAS de interés que, cumpliendo los requisitos, podéis disfrutar. A continuación indicamos los que, con toda probabilidad, son menos conocidos. Clicando sobre el título os lleva al respectivo vínculo.
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lunes, 1 de junio de 2020
Las diferencias entre dar clases de Religión y recibir catequesis y que no todos saben explicar
La Educación suele ser uno de los grandes debates sociales y políticos que de manera crónica aparecen en la primera plana informativa en nuestro país, especialmente cuando en el Estado se produce un cambio de Gobierno. Y es que el afán de todo titular de esta cartera cuando alcanza el puesto, tiene como tentación la ley educativa aprobada por su predecesor, generalmente de un color político diferente.
El actual Ejecutivo Central ha logrado introducir en el Congreso de los Diputados su reforma educativa, la LOMLOE, para romper con la LOMCE, vigente desde que fuese aprobada por el gabinete de Mariano Rajoy.
Y como suele suceder, la Religión ocupa un lugar destacado en la reforma que plantea la actual ministra, Isabel Celáa, pero negativamente, ya que pretende reducir a la mínima expresión la asignatura. Sin entrar a valorar los intríngulis de la ley, el capellán del Monasterio de La Inmaculada y San Pascual de las Hermanas Clarisas de Madrid, Francisco Gabaldón, ha sido cuestionado en el consultorio 'Creer hoy' por la importancia de la materia en las aulas.
A este respecto, Gabaldón recuerda que un Estado aconfesional no implica dejar a un lado la vertiente religiosa: “El Estado no profesa ninguna Religión, pero no significa que tenga que ir contra ella. No es lo mismo un Estado laico que lacista. Los ciudadanos, libremente, pueden vivir su fe y el Estado tiene que permitir y promover esas formas de vivirlo. Por eso, la asignatura de Religión teine cabida en el currículum educativo, porque educa a las personas en su integridad, y la Religión forma parte de ella. Es inherente al ser humano”, sostiene el capellán.
Preguntado si es equiparable una clase de Religión con la catequesis, Francisco Gabaldón afirma que ambas se complementan, pero no es lo mismo: “La catequesis está en otro plano. Significa hacer eco. En la catequesis se parte ya de una vivencia de la fe, en la que se quiere profundizar. Hay una vivencia más particular y profunda y por eso se hace en el ámbito parroquial”.
Realmente, añade el capellán, “los cristianos estamos en constante catequesis. No es solo para los niños, porque muchos viven constantemente la fe, aunque cada edad está en su proceso”.
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