Lo ha anunciado Radio Madrid (SER). La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha decidido imponer una multa de 1.000 euros al director de un colegio por criticar una ley.
Cifuentes pidió a la Inspección y a la Fiscalía investigar al director
Como ya os comenté en septiembre, el director del colegio concertado Juan Pablo II de Alcorcón criticó en una carta la Ley de Adoctrinamiento LGTB apoyada por Cifuentes. Tras la denuncia hecha por un grupo gay, Cifuentes envió a sus inspectores al colegio para investigar si la carta vulneraba de algún modo el concierto educativo. Además, instó a la Fiscalía a investigar al director, en lo que sólo cabe calificar como una persecución propia de una dictadura.
Ni la Inspección ni la Fiscalía detectaron motivo alguno de sanción
Pues bien: la Inspección de Educación dijo que la carta en cuestión “no vulnera la normativa que rige los conciertos, la LODE, la LOE, ni el decreto que regula los procesos administrativos de autorización, apertura ni funcionamiento de centros docentes privados.” El anuncio lo hizo el consejero de Educación, Rafael van Grieken. A su vez, y según publica hoy Radio Madrid, la Fiscalía archivó el caso al considerar que la carta no era constitutiva de un delito penal. A pesar de ello, haciendo oídos sordos a la Inspección y a la Fiscalía, Cifuentes ha decidido usar un procedimiento administrativo para sancionar el legítimo ejercicio de la libertad de expresión. Esta forma de gobernar, impropia de un país democrático, representa una amenaza directa para todos aquellos que expresemos opiniones que no sean del agrado de la presidenta madrileña.
Cifuentes mentía cuando dijo que esta ley no vulnera derechos
Se da la circunstancia de que esta multa se ha impuesto en virtud de la Ley de Adoctrinamiento LGBT aprobada unos meses junto a Podemos, PSOE y C’s, una ley que lesiona la libertad de expresión, como venimos advirtiendo algunos. Como ya recordaréis, Cifuentes acusó de mentir a los que criticamos las vulneraciones de derechos en las que incurría su ley. Ahora se demuestra, con hechos, que quien mentía era ella, y con absoluto descaro.
Prepara una nueva ‘Ley Mordaza’ arrogándose competencias que no tiene
Por otra parte, hace poco se conocía que Cifuentes quiere aprobar otra ley más calcada de la “Ley Mordaza” que quiso aprobar la socialista Leire Pajín en 2011. Tanto este proyecto de ley como la ley que ha usado Cifuentes para multar al director del colegio de Alcorcón tienen en común que la Comunidad de Madrid se arroga el poder de limitar un derecho constitucional, la libertad de expresión, sin tener competencia para ello, pues según el Artículo 81 de nuestra Carta Magna, para regular esos derechos son precisas leyes orgánicas que han de aprobarse por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Además, si el ejercicio de la libertad de expresión vulnera la ley es algo que debe determinarlo un juez, y Cifuentes no es jueza, por mucho que se empeñe en arrogarse funciones de los jueces. Dicho sea de otro modo: Cifuentes está imponiendo una censura de ideas de forma abiertamente ilegal. Espero que el director del colegio recurra esta multa a los tribunales, porque tiene todas las de ganar, no sólo contra la imposición multa, sino contra la misma ley que prevé sancionar a los ciudadanos por ejercer su libertad de expresión cuando manifiesten opiniones que no sean del agrado a Cristina Cifuentes.
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