La Conferencia Episcopal defenderá sus derechos si el Gobierno «usurpa, nacionaliza o desamortiza» los bienes de la Iglesia
Dos meses después de que el Gobierno anunciara una reforma de la Lomce, los obispos siguen a la espera de que la ministra de Educación, Isabel Celaá,responda a su solicitud de reunión. «No hemos tenido una respuesta. Los obispos están dispuestos a dialogar y establecer una relación directa, lo que no se puede hacer es un cruce de mensajes», aseguró este miércoles el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, el sacerdote José María Gil Tamayo, al término de la reunión de la Comisión Permanente.
El Ejecutivo pretende modificar la ley de educación en vigor para impedir que se sigan abriendo nuevos centros concertados de acuerdo a la «demanda social». Además pretenden que la asignatura de Religión deje de ser evaluable y de contar para la nota media del curso.
El portavoz de los obispos aseguró que este anuncio del Gobierno «es un tema artificial movido más por intereses ideológicos que por necesidad social». Por ello pidió al Ejecutivo «ser serios» y convocar espacios de diálogo, tal como prometió el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, durante su reunión con el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Ricardo Blázquez, el pasado mes de junio.
Los obispos consideran que tanto la educación concertada —que en un 90 por ciento es católica— como la asignatura de Religión responden a un derecho de los padres reconocido en la Constitución. «La Iglesia pasa un plebiscito anual con la clase de Religión. El 70 por ciento de los padres inscriben a sus hijos en la asignatura. Ya quisieran los partidos políticos tener este respaldo mayoritario para hacer valer sus derechos en ámbito público. Lo que es aconfesional es el Estado, no la sociedad», insistió Gil Tamayo quien pidió que el debate sobre la educación «entre en un marco de normalidad» y no se convierta en «un laboratorio de ideologías».
El portavoz precisó que es «innegociable que la asignatura de Religión esté en el marco escolar», pero aseguró que su condición de evaluable «se puede dialogar».
«Nos vamos a defender»
Los obispos también están a la espera de que el Ministerio de Justicia haga público el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia y que el Gobierno pretende recuperar en el caso de que alguno de ellos sean considerados de «dominio público».
El secretario general indicó que la Iglesia defenderá su patrimonio, ya que el disfrute de esos bienes no corresponde solo a la Iglesia sino también a toda la población española al tener un fin cultural. «Si el Gobierno pasa a la usurpación, la nacionalización o la desamortización, defenderemos nuestros derechos. Si alguien cree que tiene más derechos, que acuda a la Justicia, nosotros también lo haremos», afirmó. «Hay cuestiones que suenan muy añejas —añadió el portavoz de los obispos— y ya estaría bien que la izquierda se actualice de acuerdo al marco de la democracia en la que vivimos».
Sobre la posibilidad de que Franco sea enterrado en la cripta de la catedral de La Almudena, Gil Tamayo recordó que «la Conferencia Episcopal no tiene un departamento de defunciones» ni cuenta «con ninguna competencia al respecto». «La Iglesia no puede negarle a un cristiano su sepultura en un sitio del templo que está habilitado para ello y que además es propiedad de la familia», indicó.
No hay comentarios:
Publicar un comentario