Un informe (1) de la OCDE, basado en resultados de la última edición de PISA, señala que financiar la escuela privada con dinero público contribuye a disminuir la estratificación socioeconómica en las aulas, y sin necesidad de renunciar a la calidad educativa. No obstante, en la desigualdad entre el alumnado público y privado también influyen otros factores.
Según los autores del estudio, un 45% de la segregación económica por tipo de colegio es atribuible a la financiación pública (de aquí en adelante, siempre que se hable de financiación, se refiere a financiación pública). El otro 55% se debe a otros motivos: los criterios de admisión, la identidad religiosa y la inmigración son algunos de ellos.
Aunque el análisis de países con contextos sociales y económicos tan diferentes –son estudiados un total de 65 países, 34 de ellos de la OCDE– no permite establecer relaciones generales de causa-efecto entre financiación pública y democratización de las aulas (no concentración de los alumnos desaventajados en guetos), sí que se pueden sacar algunas conclusiones. Entre ellas, la de que los buenos resultados no están reñidos con la mezcla de alumnos de distintos estratos. También, y en paralelo, la de que financiar la escuela privada puede suponer un atajo para llegar al objetivo de la cohesión social.
Antes de analizar la influencia de la financiación en la igualdad de oportunidades, el informe descarta otras posibles relaciones. No hay datos, por ejemplo, que permitan vincular la estratificación con la mayor o menor presencia de escuelas privadas, ni tampoco con la competitividad entre colegios. En cambio, cada aumento del 10% en la financiación de la escuela privada provocaría que se redujera 0,06 puntos la diferencia de estatus socioeconómico y cultural (ESCS en sus siglas inglesas) entre el alumnado de los dos tipos de colegios, actualmente más elevado en la privada que en la pública en casi todos los países estudiados. Teniendo en cuenta que la actual diferencia en España es de algo más de 0,6 puntos, aumentar la financiación en un 50% supondría eliminar casi la mitad de la brecha económica tantas veces denunciada por los defensores de la pública.
La regla y las excepciones
El 82% de los alumnos de la OCDE están escolarizados en colegios públicos. La cifra sobrepasa el 90% en la región escandinava (salvo en Dinamarca), Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, junto con Grecia, Italia y Alemania dentro del continente europeo. Por el contrario, entre los países con altas proporciones de alumnos en la escuela privada destacan, en el ámbito oriental, Japón, Australia y las regiones chinas de Hong-Kong y Macao; en Europa, los mayores porcentajes de estudiantes en la privada corresponden a Bélgica, Holanda e Irlanda (69%, 66% y 61% respectivamente). En otro nivel, aunque todavía por encima de la media de la OCDE, está el 34% español.
No hay una equivalencia entre los países con mayor población en la enseñanza privada y los que en mayor medida se ocupan de su financiación. Así, entre estos últimos se encuentran por un lado Finlandia, Suecia y Alemania, con una amplísima mayoría de alumnos en la pública, pero también Holanda, Bélgica, Hong-Kong o Irlanda, donde sucede lo contrario. Australia, con un 40% de los estudiantes en la privada, la subvenciona solo en un 55%, cinco puntos por debajo de la media de la OCDE.
La relación entre bajos niveles de financiación de la escuela privada y mayor estratificación de los alumnos, aunque se cumple en sentido general, admite algunas excepciones. Tales son los casos de Corea (del Sur) e Indonesia, dos de los países donde no se percibe una diferencia significativa entre el ESCS medio de la privada y el de la pública, y eso a pesar de que la subvención a la primera no llega al 50% de los costes totales, lo que podría redundar en un mayor elitismo. Los otros países donde apenas existe diferencia socioeconómica entre los alumnados público y privado –o, si la hay, es a favor de la pública– son Holanda y Luxemburgo.
Lecciones de Holanda
El ejemplo holandés es especialmente relevante, porque es uno de los Estados que más ha liberalizado su sistema educativo, dejando una gran parte de la iniciativa al sector privado, al que financia completamente, y que aglutina al 66% de los estudiantes de secundaria. De ahí que el informe de la OCDE dedique un apartado especial a estudiarlo, como ejemplo de que la financiación responsable de la escuela privada puede resultar beneficiosa para todos los sectores educativos, en cuanto a resultados académicos (Holanda es uno de los países europeos con mejores resultados en PISA) y también sociales (no estratificación).
Con todo, la revisión del caso holandés también sirve para alertar de algunos peligros derivados de privatizar la gestión del sistema educativo. En Holanda, la concentración de los alumnos inmigrantes en colegios-gueto comenzó a ser un problema, al igual que los incentivos económicos para matricular a alumnos desaventajados. Para evitar que algunos colegios se convirtieran, a cambio de subvenciones, en receptores no oficiales de alumnos con retrasos educativos o de inmigrantes, los sucesivos gobiernos fueron condicionando la financiación al logro de determinados objetivos educativos. Hoy en día, se puede decir que el modelo holandés ha sido un éxito. Aparte de los buenos resultados medios en las pruebas internacionales, apenas hay diferencia entre las puntuaciones de los alumnos de los estratos más altos y más bajos.
Entre los 10 países con menores diferencias socioeconómicas entre los estudiantes de la pública y la privada los hay que financian esta última casi al 100% (Holanda, Finlandia, Eslovaquia), otros que sin llegar a esos niveles aportan más que la media de la OCDE (Israel, República Checa, Luxemburgo y Dinamarca) y tres países que se quedan por debajo (Italia, Japón y Corea).
Análisis por regiones
El análisis por regiones confirma, aunque con las excepciones citadas, la vinculación entre financiación de la privada y cohesión social. Por ejemplo, los dos países europeos que más estratifican a sus estudiantes son Grecia y Polonia, que son a la vez dos de los que menos financian (en proporción al coste total) sus colegios privados. Por otro lado, los seis países donde hay más estratificación son latinoamericanos: Panamá, Brasil, Uruguay, México, Colombia y Perú. Solo Colombia subvenciona en más del 10% los costes de la escuela de iniciativa particular. En cambio, Chile se encuentra más abajo en la lista gracias, entre otros factores, a la mayor implicación de las administraciones en el pago de la escuela privada (65% del coste total).
Estados Unidos y el Reino Unido son las dos primeras grandes potencias en el ranking de segregación en las aulas. En cambio, Canadá, en la media en cuanto a estratificación, ya lo subvenciona en un 40%, aunque el informe considera que para entender la desigualdad en este país, es necesario analizar otros factores. Canadá es, de los tres países, el que mejores resultados viene obteniendo en las pruebas PISA.
España es un caso curioso: a pesar de que subvenciona su escuela privada por encima de la media de la OCDE, también supera la media en cuanto a concentración de alumnos desaventajados en la escuela pública. Por si fuera poco, los resultados en PISA la sitúan en una posición mediocre dentro de Europa. Esto lleva a pensar a los autores que el problema de estratificación en el sistema educativo español no está solo relacionado con la financiación, sino con otros factores como el ideario de los colegios privados y el de los públicos, o los criterios de admisión en unos y otros: ambos elementos seleccionan un alumnado diferente, más allá del estrato socioeconómico.
Otros factores de desigualdad
Otros países de la OCDE en los que la financiación de la escuela privada no es el factor más influyente en la estratificación (en otras palabras, seguiría habiendo concentración de alumnos desaventajados en la pública incluso después de equilibrar los costes) son México, Chile, Eslovenia, Canadá, Suecia, Bélgica, Hungría, Dinamarca, Australia o Irlanda. En cambio, la desigualdad desaparecería (porque se explica fundamentalmente por lo económico) en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Grecia, Israel, Italia, Japón, Nueva Zelanda o Suiza.
El informe dedica todo un apartado al análisis de esos otros factores de desigualdad distintos de la financiación pública. En concreto, se centra en los criterios de admisión de los centros, y los clasifica en cuatro grupos: los relacionados con la identificación con el ideario del centro (muchas veces de carácter religiosos) por parte de los padres, los que tienen que ver con las notas del alumno, los que valoran tener hermanos estudiando en el colegio o que los padres sean antiguos alumnos, y los basados en la elección de un programa de estudios en particular por parte del estudiante. De estos cuatro bloques, el que más diferencia de estatus socioeconómico crea entre la pública y la privada es el relacionado con el parentesco, antes que el de las notas.
En cuanto al tipo de financiación, el informe considera que las subvenciones que van dirigidas en particular a los alumnos desaventajados (targeted voucher system) son mucho más eficientes reduciendo la desigualdad que las que becan a todos independientemente de su poder adquisitivo (universal voucher system).
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