La historia de la participación de los padres en la escuela se remonta al Plan de Escuelas de 1825, donde se reconoce el derecho de los padres a participar en la vida de las escuelas, siempre que no intervengan en cuestiones académicas. El giro radical ocurre con la LODE (1985): el Consejo Escolar (integrado por padres, alumnos y otros sectores educativos) se convierte en el verdadero órgano de gobierno. De este modo, y por primera vez, miembros no profesionales de la educación intervienen en la definición de directrices técnicas y académicas. La Lode se presenta como una interpretación de la Constitución: «Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos» (art. 27.7). Así, pues, conceptualmente, esa “intervención” es interpretada como “participación pluralista comunitaria”.
Atendiendo al contexto histórico, los autores intelectuales de esa ley tenían la intención expresa de romper con los residuos de la dictadura y acusaban al gobierno saliente por su incapacidad de presentar un nuevo modelo de sociedad. Con la Lode, afirmaban, nuestra sociedad iba a entrar en el recto camino de la democracia —de hecho, en el preámbulo de la ley se criticaba abiertamente la ley del gobierno anterior (LOECE 1980) por no desarrollar el auténtico espíritu democrático del artículo 27 de la Constitución—. Ahora bien, los departamentos de pedagogía a la sazón —cubiertos en su mayoría por maestros de primaria, desertores de la tiza y con carné— veían a los profesores y catedráticos de Bachillerato como residuos del autoritarismo de la dictadura. De ese modo se unificaron los cuerpos, se bajó el nivel de catedráticos al de los maestros y, así, por ejemplo, como recuerda M. Ruiz Paz, «en la actualidad disfrutan de la condición de catedrático profesores que no son licenciados y que en algunas ocasiones no han cursado el bachillerato» (2003).
Por tanto, la Lode emana de un impulso beligerante contra el profesor. De ahí que, desde los inicios de la reforma, los pedagogos áulicos la hayan emprendido sin piedad contra la condición profesional del profesor, rebajando más y más el nivel profesional docente. Como recuerda D. Gregorio Salvador, vice-director de la RAE, a propósito de una especie de profesor ya extinta:
Así, pues, la participación escolar made-in-Lode ha ido en detrimento de la profesión docente. Ahora bien, si de consensos se trata, hay que tener presente que a nivel internacional en política educativa existe un amplio consenso en dos ideas: primero, el aumento en la calidad de la enseñanza se genera en la medida en que el Centro escolar se convierte en una estructura de conocimiento; y, segundo, el agente fundamental de tal estructura es el profesor. Dicho con otras palabras, el éxito y la calidad de una escuela reside fundamentalmente en la calidad profesional de los profesores.
En consecuencia, deberíamos plantear que la participación social en Educación no debería invadir el terreno propio de la acción educativa del profesor (igual que la participación social en Sanidad no debería interferir en la acción médica del cirujano). En suma, la participación social en cualquier institución no debería ir en detrimento de los profesionales de dicha institución. Es más, una institución ofrece mejores servicios a la sociedad en la medida en que sus profesionales son más excelentes. Por eso es muy cuestionable la interpretación que la Lode hace del artículo 27.7 de la Constitución.
En virtud de la Lode, miembros no profesionales de la educación intervienen (co-direigen) la definición de directrices académicas. Los profesores se mostraron desde el inicio reacios, con el agravante de que la representatividad de estos padres oscila entre el 4% y el 14 % del total. Además, ¿es jurídicamente aceptable que unas personas puedan tomar decisiones no ya sólo sobre lo que desconocen, sino sobre unos temas de los que están exentos de cualquier responsabilidad? De los errores de las decisiones escolares de esos participantes, ¿quién responde?
No hay participación sin criterios públicos
En democrática, la sociedad debe ejercer el control social sobre el sistema educativo, igual que sobre cualquier otra institución pública (Sanidad, Justicia,…). Pero hay que tener presente que no existe auténtica participación social sin criterios públicos sólidos. Así, por ejemplo, para que existan criterios públicos sobre la educación, se requiere, primero, publicidad: conocer los resultados del sistema educativo, cuánto dinero se invierte en la educación y cómo, qué se enseña en cara Región y porqué, cómo influyen las editoriales, etc. Sin publicidad (principio democrático elemental) la discusión pública es mera ilusión.Segundo, habría que demarcar el terreno y los objetivos de las instituciones. La escuela no puede ser la panacea universal en lo relativo a los problemas sociales. Por tanto, habría que hacer un esfuerzo social y político por reclamar a otras instancias públicas que cumplan con su responsabilidad social. Tercero, tomar conciencia de que la institución escolar no puede funcionar si el resto de instituciones (en especial, la Justicia,…) no funcionan; y es un hecho que las instituciones en España no funcionan. Cuarto,… Y, dentro de ese marco de criterios, definir la participación escolar e, igualmente, delimitar el ámbitoprofesional de la institución escolar: ¿qué objetivo tiene tal actividad profesional?, ¿qué alcance social; es decir, qué puede solucionar y qué no?, etc.
Yo sugiero que la participación de los padres, en vez de ir dirigida hacia y contrael profesor, podría tener como objetivo el fomento de:
• Los criterios sólidos para el debate público en materia educativa.
• Reivindicar la responsabilidad social y educativa de otras instituciones públicas. (Y no sólo la de eso que se ha venido en llamar ONG´s).
• Dar ejemplo en lo relativo a la responsabilidad social y educativa de la familia. Porque, ¿la responsabilidad educativa de los padres se ejerce sólo reclamando la responsabilidad del profesor en la educación? ¿No son los padres también responsables del proceso educativo de su hijo en la familia?
• Ayudar a sanear el resto de instituciones públicas, muy especialmente la Justicia, o los partidos políticos.
• Etc.
Quizá fuera oportuno abrir las miras. El abanico de posibilidades para la participación escolar es muy amplio. En conclusión, para que exista auténtica participación social es necesario poner empeño en establecer unos criterios de discusión pública. Sin esos criterios no es posible saber a qué atenerse, y el control lo seguirían ejerciendo las fuerzas establecidas. Y quien más perdería: la eficacia de las instituciones.
Atendiendo al contexto histórico, los autores intelectuales de esa ley tenían la intención expresa de romper con los residuos de la dictadura y acusaban al gobierno saliente por su incapacidad de presentar un nuevo modelo de sociedad. Con la Lode, afirmaban, nuestra sociedad iba a entrar en el recto camino de la democracia —de hecho, en el preámbulo de la ley se criticaba abiertamente la ley del gobierno anterior (LOECE 1980) por no desarrollar el auténtico espíritu democrático del artículo 27 de la Constitución—. Ahora bien, los departamentos de pedagogía a la sazón —cubiertos en su mayoría por maestros de primaria, desertores de la tiza y con carné— veían a los profesores y catedráticos de Bachillerato como residuos del autoritarismo de la dictadura. De ese modo se unificaron los cuerpos, se bajó el nivel de catedráticos al de los maestros y, así, por ejemplo, como recuerda M. Ruiz Paz, «en la actualidad disfrutan de la condición de catedrático profesores que no son licenciados y que en algunas ocasiones no han cursado el bachillerato» (2003).
Por tanto, la Lode emana de un impulso beligerante contra el profesor. De ahí que, desde los inicios de la reforma, los pedagogos áulicos la hayan emprendido sin piedad contra la condición profesional del profesor, rebajando más y más el nivel profesional docente. Como recuerda D. Gregorio Salvador, vice-director de la RAE, a propósito de una especie de profesor ya extinta:
«Digo simplemente que he sentido siempre orgullo de pertenecer a un cuerpo docente al que pertenecieron, por ejemplo, Antonio Machado o Gerardo Diego y nueve de mis actuales compañeros de la Real Academia Española: Rafael Lapesa, Alonso Zamora Vicente, Manuel Seco, Emilio Lorenzo, Rafael Alvarado, Valentín García Yebra, Francisco Rodríguez Adrados, Emilio Lledó y el propio director, Victor García de la Concha, hasta hace poco más de dos años, antes de que fallecieran Emilio Alarcos y Gonzalo Torrente Ballester.» (2004)
Así, pues, la participación escolar made-in-Lode ha ido en detrimento de la profesión docente. Ahora bien, si de consensos se trata, hay que tener presente que a nivel internacional en política educativa existe un amplio consenso en dos ideas: primero, el aumento en la calidad de la enseñanza se genera en la medida en que el Centro escolar se convierte en una estructura de conocimiento; y, segundo, el agente fundamental de tal estructura es el profesor. Dicho con otras palabras, el éxito y la calidad de una escuela reside fundamentalmente en la calidad profesional de los profesores.
En consecuencia, deberíamos plantear que la participación social en Educación no debería invadir el terreno propio de la acción educativa del profesor (igual que la participación social en Sanidad no debería interferir en la acción médica del cirujano). En suma, la participación social en cualquier institución no debería ir en detrimento de los profesionales de dicha institución. Es más, una institución ofrece mejores servicios a la sociedad en la medida en que sus profesionales son más excelentes. Por eso es muy cuestionable la interpretación que la Lode hace del artículo 27.7 de la Constitución.
En virtud de la Lode, miembros no profesionales de la educación intervienen (co-direigen) la definición de directrices académicas. Los profesores se mostraron desde el inicio reacios, con el agravante de que la representatividad de estos padres oscila entre el 4% y el 14 % del total. Además, ¿es jurídicamente aceptable que unas personas puedan tomar decisiones no ya sólo sobre lo que desconocen, sino sobre unos temas de los que están exentos de cualquier responsabilidad? De los errores de las decisiones escolares de esos participantes, ¿quién responde?
No hay participación sin criterios públicos
En democrática, la sociedad debe ejercer el control social sobre el sistema educativo, igual que sobre cualquier otra institución pública (Sanidad, Justicia,…). Pero hay que tener presente que no existe auténtica participación social sin criterios públicos sólidos. Así, por ejemplo, para que existan criterios públicos sobre la educación, se requiere, primero, publicidad: conocer los resultados del sistema educativo, cuánto dinero se invierte en la educación y cómo, qué se enseña en cara Región y porqué, cómo influyen las editoriales, etc. Sin publicidad (principio democrático elemental) la discusión pública es mera ilusión.Segundo, habría que demarcar el terreno y los objetivos de las instituciones. La escuela no puede ser la panacea universal en lo relativo a los problemas sociales. Por tanto, habría que hacer un esfuerzo social y político por reclamar a otras instancias públicas que cumplan con su responsabilidad social. Tercero, tomar conciencia de que la institución escolar no puede funcionar si el resto de instituciones (en especial, la Justicia,…) no funcionan; y es un hecho que las instituciones en España no funcionan. Cuarto,… Y, dentro de ese marco de criterios, definir la participación escolar e, igualmente, delimitar el ámbitoprofesional de la institución escolar: ¿qué objetivo tiene tal actividad profesional?, ¿qué alcance social; es decir, qué puede solucionar y qué no?, etc.
Yo sugiero que la participación de los padres, en vez de ir dirigida hacia y contrael profesor, podría tener como objetivo el fomento de:
• Los criterios sólidos para el debate público en materia educativa.
• Reivindicar la responsabilidad social y educativa de otras instituciones públicas. (Y no sólo la de eso que se ha venido en llamar ONG´s).
• Dar ejemplo en lo relativo a la responsabilidad social y educativa de la familia. Porque, ¿la responsabilidad educativa de los padres se ejerce sólo reclamando la responsabilidad del profesor en la educación? ¿No son los padres también responsables del proceso educativo de su hijo en la familia?
• Ayudar a sanear el resto de instituciones públicas, muy especialmente la Justicia, o los partidos políticos.
• Etc.
Quizá fuera oportuno abrir las miras. El abanico de posibilidades para la participación escolar es muy amplio. En conclusión, para que exista auténtica participación social es necesario poner empeño en establecer unos criterios de discusión pública. Sin esos criterios no es posible saber a qué atenerse, y el control lo seguirían ejerciendo las fuerzas establecidas. Y quien más perdería: la eficacia de las instituciones.
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