La formación política quiere que el Tribunal Constitucional analice los artículos referidos a la concertada, la educación religiosa, la educación diferenciada y los centros de educación especial
El Grupo Parlamentario Vox ha presentado este jueves un recurso de inconstitucionalidad contra la LOMLOE, conocida como ley Celaá, aprobada el pasado 23 de diciembre de 2020. El texto está suscrito por medio centenar de parlamentarios, informa Europa Press.
Según la formación que lidera Santiago Abascal, el recurso se ha presentado contra «la parte más sectaria de la ley», aquella que guarda relación, según este partido, con la enseñanza concertada, la educación religiosa, la educación diferenciada y los centros de educación especial, así como contra el carácter excluyente del castellano como lengua vehicular en la enseñanza.
En concreto, con respecto a la concertada, Vox ha presentado este recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 109 de la LOMLOE, ya que en sus apartados uno y tres se refiere solo a la dotación de plazas suficientes para la escuela pública, y porque en su apartado cinco se suprime el criterio de la demanda social en la programación de plazas financiadas con dinero público y establece el «incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública».
En lo que se refiere a la educación especial, consideran inconstitucional el artículo 74.2 por recoger que las Administraciones educativas regularán los procedimientos que permitan resolver las discrepancias que puedan surgir, siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor y «la voluntad de las familias que muestren su preferencia por el régimen más inclusivo». Igual que el 87.2, que dice que las Administraciones garantizarán una adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y dispondrán las medidas necesarias «para evitar la segregación del alumnado».
También denuncian la Disposición Adicional Cuarta de la LOMLOE, que establece que el Gobierno desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad, un texto que abre la puerta al vaciamiento progresivo de los centros de educación especial y, por consiguiente, su cierre.
Asimismo, considera inconstitucional que se suprima, en los artículos 18, 24, 25 y 34 la asignatura de Religión en la Educación Primaria, en la ESO y en primero y segundo de Bachillerato, así como los artículos 18.3, 19.2, 22.3, 24.5, 25.6, 25.7, 33.c, 35.1 y la Disposición Adicional Segunda porque «impone como principios de todo el sistema educativo la ideología de género y la educación afectivo-sexual».
Del mismo modo, ve fuera de la Constitución la supresión del castellano como lengua vehicular en la enseñanza en la Disposición Adicional Trigésimo Octava, y por otro lado, hasta una veintena de artículos del redactado de la LOMLOE en los que se refleja la responsabilidad que tienen las Administraciones educativas en determinados asuntos.
Tramitación en Estado de alarma
Vox critica que durante la tramitación de la ley «no solo han dejado de oírse en ambas cámaras legislativas a los colectivos afectados», sino que «ni siquiera se ha solicitado informe a los principales órganos consultivos del Estado, como el Consejo de Estado o el Consejo Escolar».
Y denuncia que se tramitara durante el Estado de alarma: «En toda nuestra historia democrática, no existe precedente de estar toda la nación en Estado de alarma, con la restricción de derechos que ello conlleva, y tramitarse hasta su publicación, una norma de contenido tan trascendental para los derechos fundamentales de los españoles».
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