Mientras el Congreso de los Diputados continúa con las comparecencias de expertos sobre el llamado Pacto de Estado Social y Político por la Educación –este mismo jueves intervienen el presidente del CESIF, la secretaria general del Sindicato de Estudiantes y el presidente de la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza–, la Iglesia se prepara conjuntamente para ofrecer una voz unida que defienda fundamentalmente el derecho de los padres a la educación de sus hijos según sus convicciones, amparado por la Constitución, y que tiene su concreción en la asignatura de Religión y en los centros concertados de ideario cristiano.
La calificada por el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo, como «mesa de la unidad» para la negociación del pacto educativo se reúne este jueves para «aunar criterios», «repartir papeles» y posicionarse desde «un espíritu constructivo» y desde «la unidad en la defensa de los principios de educación católica». «Unidad, que no uniformidad», afirmó Gil Tamayo en la rueda de prensa que clausuró la Comisión Permanente de la CEE, celebrada la semana pasada en Madrid.
La iniciativa, que nace de la voluntad de la Iglesia de «arrimar el hombro» en esta cuestión, estará presidida por el cardenal Ricardo Blázquez, presidente del episcopado, e integrada por la asociación de padres católicos Concapa, la Fundación Escuela Cristiana de Cataluña, la Confederación de Centros de Enseñanza (CECE), Escuelas Católicas, el Foro de la Familia y las delegaciones de enseñanza de las diócesis, entre otros.
Desde la Iglesia existe el temor a que la clase de Religión e incluso los conciertos educativos se conviertan en moneda de cambio entre los diferentes actores políticos a la hora de hacer algún tipo de cesión para alcanzar un acuerdo. La mayor parte de los partidos presentes en el arco parlamentario, salvo el Partido Popular, están por la labor de cambiar el estatus de la clase de Religión en una futura ley educativa. Lo que todavía no se sabe –tampoco lo ha manifestado públicamente– es hasta dónde está dispuesto a ceder este partido en aras de ese entendimiento. Por el momento, los partidos mantienen la estrategia del silencio a la espera de empezar la negociación.
Para Gil Tamayo no se puede abordar esto como «moneda de cambio», pues de lo que se está hablando es de los derechos de los padres a la educación de sus hijos según sus convicciones. Y añadió que tanto la jurisdicción nacional como internacional, así como los pronunciamientos de los jueces, «conforman un cuerpo suficiente que ampara la presencia del hecho religioso y de la educación católica en el ámbito educativo».
Al mismo tiempo, lamentó que el único camino que se le deje para poder vivir con normalidad la presencia del hecho religioso en la escuela sea el judicial.
Durante la reunión de la Comisión Permanente, el presidente de la Comisión de Enseñanza y obispo de Segovia, César Franco, presentó un documento en el que se analiza la situación de la clase de Religión en nuestro país: las horas en las distintas etapas educativas y el estado de los recursos judiciales las diferentes comunidades autónomas. El documento, al que ha tenido acceso Alfa y Omega, muestra el diferente trato a la asignatura según la región. El conflicto ha llegado en varias de ellas a los tribunales. Hay recursos interpuestos por las diócesis en cinco comunidades autónomas. En Aragón hay tres recursos; en Andalucía, dos y está estudiándose presentar otro; en Baleares, otros dos; en Extremadura, un mismo recurso presentado tres entidades; y Asturias, cuyo recurso, el más prolongado en tramitación, se encuentra ahora pendiente del Tribunal Constitucional.
